Varapalo de la Comisión Europea al Gobierno por la Ley de la Calidad Alimentaria, que pretende frenar los abusos por parte de la distribución comercial hacia la industria alimentaria. Bruselas considera que, antes de que los Estados miembros procedan a aprobar legislaciones nacionales para regular ese ámbito, sería preferible contar con un marco jurídico comunitario, que podría plasmarse por ejemplo en una directiva que fijara unos principios comunes para todos los países.
De lo contrario, según ha reconocido Georg Hauser, jefe de gabinete del comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, "existe el riesgo de que se produzca una fragmentación en el mercado, que no interesa a ninguno de los actores".
Preguntado por la iniciativa española, Hauser ha admido en una reunión celebrada en Bruselas con Eurocommerce, la patronal europea del comercio, que "la posibilidad de que cada Estado miembro comience a legislar en la materia sin tener en cuenta que existe un mercado interior puede crear un problema".
Hay que tener en cuenta que la reunión se enmarca en un foro de alto nivel creado por la Comisión, que terminará su actividad el 31 de diciembre de 2012 y que tiene como objetivo acercar posiciones en cuestiones como las relaciones contractuales de productores, industria y supermercados o en la competitividad de los mismos.
La Ley de la Cadena Alimentaria está pendiente tan sólo ahora de su visto bueno por parte de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Mientras que la industria y las grandes marcas insisten en que beneficiará al consumidor al regular las relaciones comerciales y reducir los abusos, al impedir por ejemplo que las marcas blancas puedan copiar las innovaciones o que rompan contratos de forma unilateral sin preaviso; para las cadenas de supermercados e hipermercados se trata de un nuevo intervencionismo por parte del Gobierno.
Cruce de estudios
La batalla entre distribuidores y fabricantes es tal que unos y otros están encargando en las últimas semanas estudios a escuelas de negocio y consultoras para poner de manifiesto las bondades o peligros de la ley. Promarca, la asociación de las grandes enseñas, encargó dos de ellos a Esade y la firma The Brattle Group en la que ponía de manifiesto que las marcas blancas estaban destruyendo empleo y que además el comercio encarecía artificialmente un 20% los precios de los fabricantes para beneficair sus propios productos.
Ayer, en cambio, el profesor del Iese Juan José Toribio presentó otro encargado por las tres patronales del comercio -Anged, Aces y Asedas- en el que se concluye que la industria alimentaria tiene un grado de concentración mucho mayor a la distribución y que un mayor intervencionismo, con nuevas normas, podría tener un efecto negativo en toda la cadena.
Este estudio concluye además que el 20% del precio de los alimentos corresponde a la transformación, es decir a la industria, y el 11,2% a la distribución logística.
Las marcas acusan al comercio de inflar los precios