La revelación hoy de las necesidades de capital individualizadas de las entidades financieras no acabará con el recelo hacia el sector. Varias razones amenazan con prolongar la desconfianza y dar una muy limitada credibilidad a los resultados de los enésimos test de estrés que, por otro lado, ni servirán para activar la concesión de créditos ni para dislumbrar el mapa bancario definitivo.
Por un lado, la consultora Oliver Wyman no hará públicos los criterios aplicados para estresar el balance de las entidades en este inédito ejercicio en la banca mundial. Su dureza en la contabilización de los activos fiscales, las dudas sobre cómo se valorarán los inmuebles y el crédito que dará a las palancas para generar recursos han provocado las protestas de la banca, que teme que sus déficits de capital crezcan utilizando unos criterios arbitrarios, sin una razón de peso para su aplicación y sin que se exija algo similar en ningún otro país.
Desde una entidad financiera se señala, algo maliciosamente, que el objetivo, en aras de congraciar a los mercados, es alcanzar una cifra muy próxima a los 60.000 millones de euros, un volumen acorde con los resultados del primer examen llevado a cabo en junio por Oliver Wyman y Roland Berger, y centrado en su mayor parte en las cuatro entidades ya nacionalizadas. Un volumen menor no sería creíble y otro sustancialmente mayor socavaría la idea de que los problemas se concentran en un número muy pequeño de entidades.
Pero la receta que utilice Oliver Wyman para saber el nivel de capital necesario ante un empeoramiento adicional del entorno económico no es el único aspecto que limita la credibilidad del test de estrés. Para llegar al resultado final se basa en el trabajo de las cuatro auditoras que operan con las mayores empresas españolas. KPMG, Ernst & Young, PwC y Deloitte han escudriñado las carteras de los bancos, pero no han valorado uno por uno cada activo sino que se han basado en metodos estadísticos, lo que significa que extraen la cifra final tras realizar un muestreo.
Este método puede ocasionar que la valoración sea más benevolente o más severa dependiendo de los activos y créditos escogidos.
Tampoco las metodologías son exactamente iguales entre auditoras, por lo que unas entidades cuentan con examinadores más indulgentes que otras.
Conflicto de intereses
Además, algunos expertos financieros señalan que las auditoras, que además tienen como clientes a otras grandes empresas, podrían incurrir en conflicto de intereses cuando se enfrenten, por ejemplo, a valorar participaciones.
Si se aplica un descuento en el valor de determinada participación en el balance de un banco se debería aplicar el mismo criterio cuando auditen una empresa no financiera que tenga esa misma inversión. Así, a una auditora se le podría presentar el dilema de perjudicar a su cliente no financiero o ser más benevolente con el banco, o tal vez, sucumbir a la tentación de establecer dos varas de medir.
Pero la objeción más seria a que sean las auditoras las que hayan examinado las carteras de las entidades financieras viene de su pasado reciente. Al fin y al cabo son las mismas que en los años anteriores no pusieron tacha a las cajas y bancos que tuvieron que ser intervenidas o salvadas con la nacionalización.
El caso de Deloitte
El caso más llamativo es el de Deloitte. La auditora, que ahora se esfuerza por acreditar que advirtió al consejo de BFA-Bankia de su inadecuada contabilidad, fue durante años la firma que aprobó sin tachas las cuentas de Caja Madrid, Bancaja o Banco Valencia, todas ellas en la esfera de Bankia.
Otros clientes de Deloitte fueron La CAM, donde la auditora tampoco hizo saltar ninguna señal de alarma o la cordobesa Caja Sur, donde su advertencia se centró en su menguante capacidad de financiación.
Deloitte también era la auditora de CaixaNova, para la que realizó un informe donde se desaconsejaba la fusión con Caixa Galicia. Una vez concertada la unión, un nuevo informe de Deloitte concluía que la fusión era adecuada y daría lugar a un grupo más solido.
CatalunyaCaixa también tiene como auditor a Deloitte. Sólo en 2012, tras haber puesto sus objeciones en Bankia, dudó de los créditos fiscales de la entidad.
Su relación con las cuatro entidades nacionalizadas y dos de las intervenidas la descartaban cuando Economía señalaba, allá por el mes de mayo, que serían tres las firmas de auditoría que realizarían un segundo examen a los bancos.
Según fuentes financieras, una representación de Deloitte visitó el Banco de España para pedir que no fuera excluida del trabajo donde iban a participar sus tres competidoras. La entrevista tuvo efecto y el número de las auditoras fue ampliado a cuatro para incluir a Deloitte.
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