El Consejo de Ministros ha aprobado hoy su tercera reforma financiera, que eleva los requisitos de solvencia, contempla segregar los activos tóxicos de las entidades en un banco malo y abre por primera vez la puerta a liquidar bancos inviables. Así fue la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
"Estamos sentando las bases para que no se vuelva a tener una crisis como la que hemos tenido", ha señalado el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante la presentación de la nueva reforma. Según ha indicado, los principios generales de la misma son "minimizar el coste para los contribuyentes, evitar futuras crisis, que llegue el crédito a la economía y crear unas entidades que generen confianza".
Entre otras novedades, contempla además un aumento de la protección de los inversores minoristas para evitar que se vuelva a producir la comercialización inadecuada de determinados productos, como las participaciones preferentes. Asimismo, pone coto a las remuneraciones de los responsables de las entidades financieras que necesiten ayuda pública y eleva los requisitos de capital de las entidades.
Este real decreto, que es una exigencia de Bruselas para otorgar hasta 100.000 millones a la banca, da amplios poderes al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pasará a estar controlado por el Gobierno y podrá actuar tanto en las entidades que sólo necesiten una pequeña ayuda como en las que requieran una profunda reestructuración o una verdadera liquidación.
El llamado Real Decreto Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, contempla las siguentes novedades:
· El banco malo, al detalle
El Gobierno ha dado el visto bueno al esquema de la Sociedad de Gestión de Activos (SGA), conocido como banco malo, si bien queda a expensas de un desarrollo reglamentario posterior más detallado, por lo que estará definida a finales de noviembre o principios de diciembre.
Según De Guindos, el "mal llamado banco malo, pues lo que se incluirá en él no es tan malo" tiene una "vocación temporal", y se quiere que sean inversores privados quienes tengan una participación mayoritaria en el mismo.
El banco malo tiene que ser una sociedad de gestión de activos inmobiliarios "rentable" que se desprenda de éstos en un plazo de entre diez y quince años.
Está previsto que este instrumento al que las entidades nacionalizadas transferirán sus activos inmobiliarios dañados esté definido a finales de noviembre o principios de diciembre.
El grueso de los activos que se transferirán a esta sociedad de gestión de activos serán los créditos problemáticos al sector promotor, que son los que más daño han sufrido, y que en el conjunto de España totalizan unos 180.000 millones de euros.
El ministro ha enfatizado que aún se desconoce el volumen de activos dañados del ladrillo que las entidades transferirán al banco malo a falta de conocer cuáles de ellas necesitarán ayudas públicas.
Esta incógnita se despejará cuando se conozcan las conclusiones de los trabajos de auditoría encargados por el Gobierno sobre la calidad de las carteras crediticias de la banca entidad por entidad. "Lo iremos viendo", ha señalado De Guindos.
El Banco de España establecerá la metodología para valorar los activos que se transfieran al banco malo, y ésta se hará pública.. En cualquier caso, la valoración deberá realizarse a precios razonables para no generar pérdidas a los contribuyentes. "Se comprará a precios 'pre burbuja inmobiliaria'", ha dicho De Guindos, sin mayores detalles.
El pago a las entidades a cambio de los activos tóxicos transferidos a esta sociedad de gestión de activos podrá realizarse en efectivo, en acciones de la sociedad gestora o mediante deuda descontable ante el Banco Central Europeo (BCE).
El FROB podrá obligar a las entidades financieras a traspasar sus activos tóxicos del ladrillo al banco malo. El organismo "podrá con carácter de acto administrativo obligar a una entidad a trasmitir a la sociedad de gestión de activos determinadas categorías de activos especialmente dañados", dice el texto aprobado hoy.
· Pérdidas para las preferentes
Con esta reforma se reparte el coste de los procesos de reestructuración entre el sector público y el privado, con lo que los titulares de las participaciones preferentes y de deuda subordinada podrán verse obligados a asumir parte de las pérdidas de las entidades en crisis
El titular de Economía ha anunciado que las participaciones preferentes de las entidades que reciban ayuda se canjearán a precio de mercado más un 10%, lo que significa asumir fuertes perdidas que pueden llegar al 70% de la inversión inicial. No obstante, De Guindos no descarta que los titulares de estos instrumentos recuperen, con los años, toda su inversión.
El objetivo de la reforma es que los accionistas y acreedores paguen los efectos de la crisis, ha dicho el ministro. De Guindos ha explicado que se determinará en términos de valor presente el descuento aplicado y se sustituirá por otro producto diferente como acciones, bonos o depósitos.
En cualquier caso, según De Guindos, los nuevos productos serán "más simples y mucho más transparentes", al tiempo que permitirán a los tenedores ser conscientes de forma "fehaciente" de sus instrumentos.
De hecho, las operaciones podrán consistir en ofertas de canje por instrumentos de capital de la entidad de crédito; recompra mediante abono directo en efectivo o condicionado a la suscripción de instrumentos de capital o cualquier otro producto bancario; reducción del valor nominal de la deuda y amortización anticipada a valor distinto del nominal.
Además, se introducen una serie de restricciones para la comercialización de estos productos. Con el objetivo de garantizar la protección de los inversores minoristas, a partir de ahora se exigirá un tramo para inversores profesionales mínimo del 50% y una inversión mínima de 100.000 euros en el caso de las sociedades no cotizadas y de 25.000 euros en el de las cotizadas.
Además, se refuerzan los poderes al respecto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y se pedirá a los clientes minoristas "no idóneos" que escriban de su "puño y letra" que han sido advertidos de que el producto "no les resulta conveniente".
· Liquidación de entidades
Aunque el Gobierno podrá liquidar aquellos bancos rescatados que no devuelvan en un tiempo razonable las ayudas públicas recibidas, De Guindos ha descartado "en principio" la liquidación de alguna entidad financiera en los próximos meses. En este sentido, ha resaltado la necesidad de esperar a conocer las necesidades de capital que fijarán las consultoras independientes dentro de unos quince días.
"En última instancia se prevé una resolución ordenada para las entidades que no puedan devolver las ayudas por sí mismas en un plazo temporal razonable", ha señalado.
Según el ministro, la resolución ordenada contempla la venta del negocio, la transmisión de activos o pasivos a un "banco puente" o la transmisión de activos y pasivos a la sociedad gestora de activos tóxicos, el denominado "banco malo". El nuevo marco permitirá la reestructuración eficaz de los bancos al reforzar las herramientas de intervención.
· El papel del FROB
El FROB tendrá una dotación de los Presupuestos del Estado y podrá financiarse con cargo a terceros con un límite que para 2012 se fija en 120.000 millones de euros, frente a los 99.000 millones establecidos hasta ahora.
Este organismo se configura, junto con el Banco de España, como la institución pública encargada de la reestructuración y resolución de entidades de crédito.
Tendrá una comisión rectora formada por representantes del Ministerio de Economía y Competitividad, de Hacienda y Administraciones Públicas y del Banco de España y contará con un director general nombrado por Economía, con plenas funciones ejecutivas.
· Fondo de Garantía de Depósitos
Durante su intervención, De Guindos ha explicado que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) solo se dedicará a garantizar los ahorros de los españoles. "Se va a centrar en la garantía y en el aval de los depósitos de los ahorradores", ha señalado el ministro, quien ha subrayado que ésta será "su única misión", a diferencia de las competencias que había asumido hasta ahora en la recapitalización de entidades.
Asimismo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) podrá financiar al FGD. "El FROB podrá ayudar al FGD", ha enfatizado.
· Tope a los sueldos de las rescatadas
El Gobierno ha decidido establecer un nuevo tope en los 500.000 euros a la retribución fija por todos los conceptos de los altos cargos de entidades que, sin hallarse mayoritariamente participadas por el Frob, reciban apoyo financiero. Esta restricción afectará a presidentes ejecutivos, consejeros delegados y directivos de las entidades.
· CatalunyaCaixa
Respecto a CatalunyaCaixa, el gobierno mantiene su intención de sacar la entidad a subasta una vez haya concluido el traspaso de sus activos dañados al banco malo, según ha precisado De Guindos.
El ministro ha resaltado que la suspensión de la subasta a la que se iba a someter la entidad catalana no implica que no se vaya a seguir adelante con ese proceso. Sin embargo, el Ejecutivo necesita desarrollar antes la nueva regulación financiera y poner en marcha el citado banco malo.