Ni sueldos millonarios, ni indemnizaciones, ni grandes jubilaciones para los directivos y consejeros de los bancos que reciban ayudas públicas. A partir de hoy se acabaron estos privilegios. El Gobierno oficializó a través de una orden ministerial las limitaciones para las retribuciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
De acuerdo con la normativa, las entidades nacionalizadas (por el momento Bankia, Novagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia) podrán pagar a sus consejeros un máximo de 50.000 euros al año por todos los conceptos, La cuantía se eleva a 300.000 euros para los presidentes, consejeros delegados y directivos de las mismas.
De esta manera, la remuneración que percibirá José Ignacio Goirigolzarri no excederá en ningún caso este último importe como principal responsable de Bankia. No tendrá derecho a la retribución variable ni tampoco a blindaje de ningún tipo. La matriz de la entidad, BFA, acaba de ser tomada al 100 por cien por el Estado y ha reclamado una inyección extra de 19.000 millones para su saneamiento. Estas limitaciones se levantarán una vez el grupo devuelva el dinero del rescate.
Entre los afectados también se encuentran tanto el presidente de Novagalicia, José María Castellano, como el de CatalunyaCaixa, Adolf Todó. Las entidades ya habían ajustado estas limitaciones en su política salarial.
Para los grupos que reciban ayudas, a través de préstamos convertibles (preferentes o CoCos) o en la que la participación del Estado es minoritaria, las restricciones no son tan exigentes. En primer lugar, los consejeros pueden recibir hasta 100.000 euros. En segundo lugar, la cúpula directiva, hasta 600.000 en concepto de retribución fija. Y en tercer lugar, a presidentes y altos ejecutivos se les permitirá una remuneración variable diferida a tres años en función del cumplimiento del plan de viabilidad. Ésta no podrá superar el 60 por ciento de la fija, por lo que el montante total no podrá superar en ningún caso los 960.000 euros anuales.
Excepciones
La ley, no obstante, estipula algunas excepciones. Los directivos de las ayudadas, que no sean nacionalizadas, que hayan sido contratados posteriormente a la inyección de los fondos públicos podrán elevar hasta el 100 por cien la retribución variable sobre la fija, es decir, que el importe global puede ascender a 1,2 millones.
La normativa establece también exenciones a pesar de que las entidades hayan tenido que ser ayudadas por el Estado. El Gobierno ha querido dejar fuera de las restricciones a aquellos grupos necesitados que pongan en marcha operaciones de fusión, con el objetivo de incentivar los procesos de integración en el sector.
Los directivos y consejeros, a propuesta de la entidad sana o compradora, podrán cobrar importes superiores a los fijados en la norma. Es decir, en el caso de que Caixabank quiera pagar cifras mayores a altos ejecutivos de Cívica podrá hacerlo, siempre y cuando el Banco de España y el Ministerio de Economía lo aprueben. La exención podría beneficiar, por ejemplo, a los expresidentes de Cívica, Antonio Pulido y Enrique Goñi, que se mantienen en la cúpula Caixabank tras la absorción. Cívica tuvo que recibir unas ayudas (a través de participaciones preferentes) de 977 millones de euros. Esta inyección será devuelta en el próximo año, de acuerdo con las intenciones del grupo catalán que capitanea Isidro Fainé, que no pretende agotar los plazos para desembolsar los fondos públicos de la entidad adquirida.
La orden ministerial de Economía, aún así, determina que la retribución variable será como mucho igual a la fija. Nunca podrá estar por encima.
La exención también es aplicable para los directivos que se mantengan en el organigrama una vez sus grupos de procedencia hayan sido intervenidos o nacionalizados y, posteriormente, sean subastados a otro solvente con ayudas. Es decir, que BBVA podrá remunerar más de 1,2 millones a ex altos cargos de Unnim siempre y cuando los mantenga en el staff.
Altos cargos rechazan revelar sus sueldos
