La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar si pudo cometerse algún delito durante el proceso de constitución de Bankia, así como en la salida a Bolsa y la posterior nacionalización de la entidad. En este sentido, ha requerido diversa documentación, tanto a esta entidad como al Banco de España, que espera que le sea remitida "con la mayor presteza posible".
El decreto de apertura de las diligencias contempla al menos cinco posibles delitos. Recoge la posible comisión de delitos contables, falsedad documental, administración desleal o delito societario, estafa y apropiación indebida, entre otros.
Anticorrupción considera que el órgano que debe investigar los posibles delitos en el proceso de constitución de Bankia es la Audiencia Nacional y no el Juzgado de Madrid que tramita la querella interpuesta por el colectivo Manos Limpias.
Así lo han informado fuentes del Ministerio Público después de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, revelara hoy en una entrevista que Anticorrupción abrió el pasado 28 de mayo diligencias de investigación sobre la constitución del grupo y que ha requerido diversa documentación tanto a éste como al Banco de España.
Torres-Dulce ha dicho que las diligencias se ordenaron ante "la concreción de determinadas situaciones en el proceso de constitución de Bankia que aparentemente pudieran dar lugar a algún indicio que permitiera investigar los hechos delictivos".
El fiscal general reconoce que "existe una demanda social para que las actividades (de las entidades bancarias) sean investigadas", pero añade que "aunque no hubiera una demanda social", el asunto "merece dicha investigación".
El caso, a la Audiencia
Según las fuentes consultadas, Bankia es un grupo con implantación nacional por lo que la competencia para investigar posibles delitos en su constitución y salida a bolsa corresponde a la Audiencia Nacional.
El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid -que tramita una querella del colectivo Manos Limpias contra Rato y contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez ante "la posible existencia de una infracción penal" en su gestión- debería inhibirse en favor de ese órgano judicial, en opinión de Anticorrupción.
La investigación de la Fiscalía es anterior a la presentación de demandas por parte de particulares centradas en las actividades societarias de Bankia, aunque la interposición de esas denuncias ha obligado al Ministerio Público a remitir al Juzgado que las tramita todas las diligencias practicadas hasta ahora, consistentes básicamente en la petición de documentación.
Una vez que la Audiencia Nacional asuma la investigación abierta a Bankia y designe la causa a uno de los seis Juzgados Centrales de Instrucción, los fiscales remitirán las conclusiones iniciales extraídas de la documentación solicitada, donde determinarán si existen indicios de delitos penales, así como la petición de nuevas diligencias de investigación.
Será el examen de la documentación que realicen los peritos -tanto de la Administración como de Anticorrupción- el que permita determinar si los hechos son constitutivos de delito y en ese caso seguir adelante, en cuyo caso se pasaría a pruebas testificales o, en su caso, si procediera, de imputación: citar como imputada a alguna persona.
El proceso de constitución de Bankia se remonta a primeros de 2011, cuando se produjo la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades -Caja Insular de Canarias, Caja Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja-, dando lugar al grupo presidido entonces por Rodrigo Rato, que finalmente pidió ser nacionalizado el pasado 9 de mayo.
El PSOE exige depurar responsabilidades
