El plan que tenía previsto presentar de manera oficial BFA-Bankia esta semana para cumplir con las exigencias del decreto y las recomendaciones del FMI contemplaba ayudas públicas. Este proyecto, que en un principio contaba con el visto bueno del Ministerio de Economía, tenía en uno de sus puntos la recepción de recursos del Estado por un importe que alcanzaba los 6.500 millones de euros. Se acelera la agenda: Goirigolzarri asumirá hoy la presidencia.
Esta inyección, no obstante, iba a ser devuelta en su mayor parte antes de finales de año, unos 5.000 millones, y se iba a conceder a través de bonos convertibles en acciones (denominados CoCos).
Según ha podido saber este periódico en fuentes conocedoras del plan, el Departamento de Luis de Guindos había dado su consentimiento la semana pasada al presidente Rodrigo Rato para que la entidad siguiera en solitario, a falta de determinar y consensuar los últimos detalles. Pero la presión internacional y, en concreto, la ejercida por el Banco Central Europeo (BCE) el pasado jueves modificaron las intenciones del Gobierno. A esta presión también se unió la oposición de las tres principales entidades del país, el Santander, BBVA y La Caixa.
La hoja de ruta diseñada por Rato, que podría ser utilizada ahora por el Ejecutivo para su saneamiento, tenía por objeto hacer frente a las provisiones de la reforma financiera, además de adelantar dotaciones para los próximos tres ejercicios en función de un análisis realizado por un experto independiente bajo la premisa de un escenario económico estresado, con un hundimiento de la economía y una caída sustancial de la vivienda.
Dos alternativas
El proyecto contemplaba dos alternativas, tras desvelar este informe unas necesidades de 6.500 millones de euros. Una primera vía era canjear deuda por acciones y vender activos por un volumen de 5.000 millones para elevar la solvencia y reclamar ayudas al FROB por los restantes 1.500 millones a finales de año. La cantidad podría ser superior o inferior teniendo en cuenta el éxito en la ejecución de las operaciones anteriores.
La otra opción era primero recibir las ayudas de 6.500 millones y después ejecutar los canjes de preferentes y subordinadas por capital para ir devolviendo a lo largo de los meses en torno a 5.000 millones antes del 31 de diciembre. Estos recursos, por imposición europea, suponían el pago de unos intereses de en torno al 8%.
El plan, sin embargo, cojeaba tras las advertencias realizadas por el FMI, que exigía en la solución de Bankia medidas de buen gobierno corporativo. Por ello, Economía reflexionó sobre el proyecto. La figura de Rato al frente de BFA-Bankia podría interpretarse como una trato de favor por sus vinculaciones con el PP si el Gobierno aprobaba su hoja de ruta. De ahí, que la primera medida ha sido forzar la salida del presidente y sustituirlo por el exconsejero delegado de BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, que será quien impulse el saneamiento de BFA-Bankia bajo las premisas del Ejecutivo.
La creación del banco malo para el conjunto del sector iba a servir, como al resto de entidades, para segregar y disipar las incertidumbres sobre la situación del sistema financiero.
Ambos proyectos, tras la dimisión de Rato, están sobre la mesa del Gobierno, que este viernes tiene previsto dar luz verde a la segunda reforma del sector en menos de tres meses. Tanto las ayudas para BFA-Bankia como el banco malo -denominada desconsolidación inmobiliaria- se barajan como posibles soluciones.
Las provisiones exigidas
El decreto de febrero exigía a Bankia a llevar a cabo unas provisiones contra el ladrillo de 9.000 millones, de los que 4.000 millones fueron adelantados al ejercicio de 2011 contra patrimonio. De los restantes 5.000 millones, el grupo había aprovisionado casi la mitad, por lo que a lo largo de este ejercicio tiene que reforzar esta hucha en poco más de 2.500 millones.
En los últimos meses, tras descartar la fusión con Caixabank, había defendido su proyecto en solitario, que tras las advertencias del FMI incluyó las ayudas.
Goirigolzarri asumirá hoy la presidencia
