El Gobierno ha dado el primer paso para cambiar el panorama de las televisiones autonómicas. El plan de ajuste diseñado por el Ejecutivo, que anima a las comunidades a privatizar, externalizar e incluso cerrar cadenas, apenas prevé un ahorro de 130 millones en tres años, según los cálculos realizado por Hacienda en el plan de estabilización 2012-2015.
La reforma de la ley audiovisual que permite "cambiar los sistema de gestión y dar más flexibilidad a las comunidades autónomas en sus televisiones públicas" busca conseguir un ahorro de 43 millones anuales en el conjunto de las trece cadenas que reciben unas subvenciones de unos 900 millones de euros todos los años. Este ajuste se queda en poco frente a los 300 millones que, según la FORTA, ya ha recortado las cadenas en los últimos tres años.
La nueva ley da plena libertad a los gobiernos regionales a elegir la vía, pero el objetivo está claro: recortar los presupuestos, imponer un techo de gasto y cumplirlo a rajatabla. Uno de los puntos clave de esta reforma está en la flexibilización de la estructuras laborales lo que se va a traducir en ajustes de plantillas como el que de de momento sólo ha anunciado Canal Nou.
Las trece cadenas autonómicas tienen 8.735 trabajadores y los gastos de personal suponen el 62% de las subvenciones que reciben al año, una de las mayores partidas. Estas plantillas, que son muy difíciles de gestionar por la rigidez de los convenios colectivos, están en el punto de mira de todos los recortes (a excepción de Murcia, Canarias y Aragón). "El ajuste siempre supone una reducción de plantilla. No se pueden reducir costes manteniendo la infraestructura laborar de las autonómicas", explican fuentes del sector.
La externalización de la producción (outsourcing) que también contempla la nueva ley audiovisual supone un nuevo negocio para las productoras españolas pero empuja a las televisiones autonómicas a despedir a sus empleados, ya que dejarían de hacer falta plantillas de 994 empleados como la de Telemadrid o de 1.900 trabajadores como la de TV3.
El cierre de los canales es otra de las medidas que más se baraja. Por un lado, el Gobierno ha dado la llave a las autonomías para cerrar o vender sus canales (lo último algo complicado debido a la caída de la publicidad y de la audiencia de las autonómicas). Y, por el otro lado, el ministerio de Industria ha puesto sobre la mesa la posibilidad de obligar a las televisiones públicas a reducir sus canales a la mitad para rebajar los 800 millones del dividendo digital que tienen presupuestados para cambiar el multiplex de los canales de la TDT y liberar el espacio para las telecos.
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