Ha llegado la hora de pasar a la acción. Las advertencias del Gobierno español contra Cristina Fernández de Kirchner para evitar la expropiación de YPF no han servido de nada, por lo que se estudia ahora dar una respuesta "adecuada" en defensa de los intereses de España y de sus empresas. ¿Amenaza velada a Telefónica? Kirchner advierte a otras empresas extranjeras.
En una comparecencia pública a última hora de ayer los ministros de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y el de Industria, José Manuel Soria, anunciaron que esta semana se tomarán las medidas para defender los intereses no sólo de Repsol, sino de España. Pero no concretaron nada.
¿Solo el inicio?
La cuestión no es baladí, porque el Ejecutivo piensa que esto sólo es el inicio del ataque. Los ministros avisaron de que el temor de otras compañías con inversiones en Argentina es "fundado", a pesar de que posteriormente confiaran en que "éste no sea el principio de una escalada". En el país suramericano están afincados, entre otros, el Santander, BBVA y Teléfonica.
La comparecencia se produjo de varias horas de reunión gubernamental de urgencia en el Palacio de la Moncloa para debatir la respuesta, en la que estuvieron presentes el presidente, Mariano Rajoy, la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, los responsables de Idustria y Exteriores, además de los secretarios de Estado de Iberoamérica, Jesús Gracia, y de Comercia, Jaime García-Legaz.
Tras esta reunión, a las 21:30 horas estaba previsto que Rajoy abandonara España en un vuelo que le llevaba a Puerto Vallarta (México) para participar en el Foro Económico Mundial sobre América. Posteriormente, el presidente tiene previsto un viaje oficial a Colombia, para el 18 y 19 de abril.
De allí espera contar con aliados para hacer frente al Ejecutivo argentino. Al igual que de sus socios europeos, García Margallo y Soria indicaron que pedirán una declaración de condena al pleno del Parlamento de Estrasburgo de esta misma semana.
Las medidas que adopte nuestro país tendrán como obejtivo defenderse de la inseguridad jurídica que supone la nacionalización de YPF. Para ello cuentan con buena parte de la oposición, entre ellos el PSOE.
Llamada a consultas
La primera iniciativa, según a podido saber este periódico, ha sido llamar a consultas al embajador de Argentina en nuestro país, Carlos Bettín, para la jornada de hoy y pedirle las explicaciones oportunas.
Maragallo y Soria destacaron que la nacionalización de la petrolera supone un "ataque unilateral" y la ruptura del acuerdo verbal alcanzado a finales de febrero entre amos Ejecutivos, por el cual se habían comprometido a resolver mediante el diálogo cualquier problema o actuación sobre YPF.
Por eso, quizás el anuncio de la presidenta Kirchner ayer cogió desprevenido al Gobierno español. De hecho, Soria tuvo que dar explicaciones sobre sus declaraciones del sábado, en las que sostenía que el conflicto "estaba encauzado". El ministro de Industria, aclaró que dijo eso porque el viernes Argentina no había nacionalizado la empresa.
En el Partido Popular, nada más conocerse la noticia de la expropiación, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, anunció que el Gobierno dará la "respuesta más adecuada para la defensa de los intereses de los españoles". Cospedal, que reunió por la tarde con Rajoy en el Palacio de la Moncloa, recalcó que en esa respuesta el Ejecutivo estará acompañado tanto por "sus socios europeos" como por los que tiene "a otros niveles".
Apoyo parlamentario
El Ejecutivo contará para ello con el apoyo de sus socios europeos e internacionales. Y, en principio, también con el PSOE, que a la espera de saber qué decisión se toma, mostró ayer una vez más su "total colaboración" en ese asunto. Su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que "respaldará al Gobierno en las medidas que tenga que tomar en defensa de los intereses de las empresas españolas". También telefoneó ayer al presidente de Repsol, Antonio Brufau, para mostrarle "todo el apoyo" del Partido Socialista.
El Gobierno parece contar ahora, eso sí, con la colaboración de una gran mayoría parlamentaria. Además del PSOE, la líder de UPyD, Rosa Díez, aseguró ayer que la actuación de Argentina genera un problema de "inseguridad jurídica" a las empresas españolas y europeas, por lo que ha exigido una respuesta del Ejecutivo y de la Unión Europea (UE).
Entre las medidas que podría tomar se encuentra el arbitraje internacional ante el Banco Mundial. De hecho, Margallo y Soria mencionaron que Argentina acapara el 32% de los conflictos que se resuelven en la actualidad en esta institución.
El Gobierno rompe con Argentina
