Al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y a su socio en Marsans, Gonzalo Pascual, se le acumulan las causas pendientes ante los tribunales. AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia se han unido para querellarse contra los expropietarios de la que fue la mayor agencia de viajes de España; su nuevo dueño, Ángel de Cabo, y la empresa de éste, Posibilitum Business, por alzamiento de bienes y falsedad procesal. Unos delitos que serán investigados por el juez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, después de que se admitiera a trámite la querella al detectar "la posible existencia de una infracción penal".
Las cuatro compañías denuncian que los tres empresarios llevaron a cabo, presuntamente, una operación jurídica para ocultar a los acreedores los bienes tanto de Marsans, como de Pascual y Díaz Ferrán a título individual. Los fundadores de la agencia de viajes traspasaron de manera ficticia todos los activos del grupo turístico a Posibilitum Business, la compañía que creó Ángel de Cabo para llevar a cabo la operación, con el fin de que ésta se encargara de gestionarlos y sacar toda la rentabilidad posible. El objetivo era salvaguardarlos de los acreedores a los que Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual deben 400 millones. De esa cantidad se adeudan 40 millones a AC, Meliá, Orizonia y Pullmantur, siendo estas dos últimas donde se concentra el grueso de la deuda.
El acuerdo de venta al que llegaron Ángel de Cabo, que está imputado en varias causas similares, y los fundadores del grupo Marsans no incluye la deuda de 600 millones de euros que se supone que adquirió Posibilitum a cambio del grupo, por lo que los acreedores no pueden reclamar el cobro de sus deudas a la empresa de De Cabo, especializado en liquidar compañías en crisis.
Después de traspasar activos como la cadena Hotetur, el negocio brasileño de Marsans, que se vendió por 2 millones de dólares, o el pleito por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, valorado en 1.000 millones de dólares, estos ya no forman parte de la masa del concurso, por lo que lo que se logre sacar de su venta, o de su gestión, no se tiene que destinar a hacer frente a las elevadas deudas del antiguo grupo turístico.
Así, De Cabo firmó presuntamente un contrato con los deudores por el cual se repartirán (50 por ciento para Posibilitum, 50 por ciento para Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual) lo que consiga salvar de los acreedores. Es decir, venden los activos y el dinero se lo reparten, presuntamente, entre ellos. A su vez, los ingresos que obtiene Posibilitum de la gestión de Hotetur y Newco también se reparten, presuntamente, entre los antiguos dueños de Marsans y De Cabo. Este es el mismo tipo de acuerdo al que llegó con Nueva Rumasa cuando se hizo con los activos que le quedaban a la familia Ruiz-Mateos. "Posibilitum gestiona los activos en beneficio propio y por eso trata de negociar quitas con algunos acreedores, sobre todo proveedores con los que todavía trabaja y los empleados de las compañías que están en funcionamiento", explican fuentes cercanas a la denuncia.
Salvaguar el patrimonio
Además del Grupo Marsans y Teinver, Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual también han escondido su patrimonio personal para evitar responder con él a los avales personales que otorgaron a las compañías. El traspaso de sus activos personales a Posibilitum y a sus hijos y esposas, a las que también se les puede incluir en la querella, provocó que del embargo decretado por el juez por 37,6 millones de euros para hacer frente a los pagos que había avalado personalmente, apenas se incautaran 80.000 euros y de otro consejero distinto. En 2011 el grupo Marsans le debía 2,4 millones de euros a Meliá y según explicó el Gabriel Escarrer, consejero delegado de la cadena mallorquina, a elEconomista en una entrevista en junio, al ver venir el concurso de acreedores le solicitaron garantías personales a Gonzalo Pascual que nunca cumplió, ya que cuando el juez fue contra su patrimonio estaba todo a nombre de otros. "Provisionamos toda la deuda en 2010 pero tomaremos todas las medidas necesarias para asegurarnos de recuperarlo", aseguró Escarrer.
En la denuncia, Meliá, AC, Pullmantur y Orizonia solicitan al juez que investigue y valore el patrimonio personal y empresarial que tenía antes de ser tramitado. Según la denuncia los empresarios tenía activos en España y el extranjero, como fincas en Portugal y Argentina, que han desaparecido del concurso por lo que no pueden ser reclamados. "No tienen nada a su nombre y no lo van a tener por eso cobran a través de Posibilitum", explican. A estas cuatro empresas se les debe unos 40 millones, la demanda no persigue cobrar las deudas ya que todo lo que se recupere irá a créditos contra la masa.
La Audiencia imputa a Díaz Ferrán
