Fomento declara ilegal la Torre Cajasol e impone una multa de 140.000 euros

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Banca Cívica tiene cada día más difícil, si cabe, continuar derrochando 353 millones en la macrotorre de Cajasol mientras anuncia 1.500 despidos, la mayoría en Sevilla, y busca a la desesperada más de 2.000 millones para hacer frente a las exigencias de la nueva regulación financiera aprobada por el Gobierno.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció ayer en la capital andaluza tras reunirse con el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, que el faraónico rascacielos incumple el ordenamiento jurídico "y los requisitos exigibles en materia de seguridad aérea".

En concreto, invade el área de aproximación de las aeronaves al aeropuerto de Sevilla, las denominadas servidumbres aeronáuticas. La promotora de la torre, la sociedad Puerto Triana, que Banca Cívica controla al 100 por cien, ha sido multada por ello con 140.000 euros.

El expediente de esa sanción, abierto hace dos meses, está a punto de cerrarse en firme, avanzó Pastor. La ministra señaló que la promotora deberá pagar y luego adecuar la obra a los requerimientos de seguridad aérea y legislación aeronáutica pertinentes. Cívica dijo ayer que recurrirá la multa y alega que la torre no está en la zona de servidumbre del aeropuerto.

Precedente

La Aesa ya recortó hasta en 15 plantas determinados edificios que se iban a construir en Málaga sobre los antiguos terrenos de una central eléctrica por afectar al aeropuerto de esa ciudad. Técnicos de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla y Fomento se reunirán la próxima semana en Madrid para adecuar la obra de la torre a las exigencias de la navegación aérea.

Banca Cívica debería de haber solicitado permiso a Fomento para levantar un edificio de 190 metros, para cuya construcción se necesitarían grúas que alcanzarían una altura máxima de 216 metros.

Zoido, que amenazó en enero a Cívica con parar la obra ante la afección negativa de la torre sobre tres bienes declarados patrimonio de la Humanidad por la Unesco, no ha tomado ninguna medida tras recibir la presión de Antonio Pulido, copresidente de la entidad. Este nuevo frente legal abierto por Fomento le pone ahora en bandeja detener el desaguisado urbanístico, que alcanza ya la planta 20 de las 40 que van en superficie (más tres subterráneas).

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