El Ministerio de Industria vigila de cerca del escándalo del pelotazo de ACS en el sector gasista por el sobrecoste provocado en el almacenamiento de Castor, en Castellón, donde se ha triplicado el presupuesto hasta los 1.600 millones desde los 500 millones que se preveía invertir en un primer momento. Tanto es así que ya está a la espera de un informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en el que se justifica como se han llegado a alcanzar estos costes.
Tanto el ministerio como la Comunidad Valenciana pueden revisar los costes en los que ha incurrido la infraestructura, tal como aparece en la Ley de Hidrocarburos, pero no habría que hacer una revisión contable únicamente sino también del procedimiento. De esta manera sería necesario iniciar una auditoria del proyecto que tendría que ser realizada por una consultora petrolera y no por la CNE.
En concreto, el artículo 3 de la regulación sobre las competencias de las autoridades reguladoras recoge tanto para la Administración como para las autonomías la potestad para inspeccionar el cumplimiento de las condiciones técnicas y, en su caso, económicas, que resulten exigibles a las empresas titulares de los proyectos contemplados en la Planificación, como es el caso de Castor, donde ACS cuenta con un 65% y el resto corresponde a la canadiense Escal.
El temor de Industria
Por otro lado, hay que tener en cuenta que, atendiendo a cómo se han disparado los costes, se podría paralizar esta infraestructura porque la misma Ley regula las autorizaciones administrativas para la construcción y explotación de instalaciones de la red básica de gas natural y su apartado quinto recoge que "la variación sustancial de los presupuestos que motivaron su otorgamiento podrán lugar a su revocación". Sin embargo, el proyecto ya está aprobado en el Boletín Oficial del Estado.
La preocupación por los costes ha llegado incluso al Congreso de los Diputados. En concreto, el diputado de Compromís Josep María Pañella afirmó que su coalición, a través del diputado de Equo-Compromís por Valencia, Josep Baldovi, preguntará en el Congreso qué repercusiones va a tener el proyecto Castor cuando se ponga en funcionamiento. Pañella consideró "injustificable" que una obra "pase de costar 500 millones a 1.600, un sobrecoste que tienen que pagar todos los ciudadanos".
Y precisamente, éste es el temor de Industria porque debe repercutir esta inversión en el recibo del gas si no quiere agravar el déficit del sector que supera ya los 300 millones, según anunció el propio ministro del ramo José Manuel Soria.
El sector energético quiere que audite la CNE