Dos objetivos para la banca española: provisionar alrededor de 50.000 millones de euros para desintoxicar los balances de los activos inmobiliarios y lograr unos 26.200 millones para fortalecer su capital. Dos autoridades a quien rendir cuentas: el Gobierno, que no concretará la reforma para sanear el sector hasta mediados de febrero, y la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que da de plazo para cumplir los nuevos requisitos hasta final de junio. Y, ante los bancos, no muchos caminos para cumplir con las exigencias.
Está en manos de las entidades marcar su propia hoja de ruta, aunque está prácticamente definida por las pocas opciones con las que cuentan: resultados, dividendos, participaciones preferentes o bonos convertibles. Todo vale para llegar a los objetivos. El tiempo será clave... pero paso a paso.
A los nuevos deberes que impuso la EBA al sector, y que deben cumplir antes de que finalice el primer semestre de 2012, se une otra ardua tarea para la banca española, que debe hacer números para tapar el agujero de los activos tóxicos del ladrillo. El Gobierno ha retrasado hasta mediados de febrero el anuncio de un plan definitivo para reformar el sistema financiero. Pero hace días que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, anticipó que el sector deberá provisionar unos 50.000 millones.
Para muchos expertos esta cifra se queda incluso corta. Tampoco está totalmente decidida la vía por la que se encauzarán las depreciaciones de los activos inmobiliarios. En un principio, la única manera en la que las entidades tendrán que sanear sus balances será con la dotación de provisiones a costa de sus propios beneficios. En los próximos tres años los bancos cotizados podrían generar en torno a 52.000 millones de euros de ganancias, según las previsiones de FactSet. Aunque si lo hacen a costa del dividendo, el sector necesitaría más de tres años de sus retribuciones convencionales para reunir las nuevas provisiones.
Son cuentas preliminares, pues no se ha detallado el porcentaje que se deberá dotar sobre el riesgo al ladrillo contraído. Las cifras que se manejan son de hasta un 50 por ciento para las viviendas construidas e incluso un 100 por cien para el suelo. "Elevar tanto la cobertura supondrá comerse gran parte del beneficio y aún así habrá bancos que no puedan conseguirlo", apunta Nuria Álvarez, de Renta 4, que opina que pueden llegar más fusiones. Habrá bancos que inevitablemente tengan que buscar alianzas en el sector, como ya se ha visto con Popular y Pastor o con Sabadell y la CAM.
No es difícil imaginar un escenario en el que algunas entidades, sobre todo las medianas, incurran en pérdidas por tener que dotar provisiones. La semana anterior, Banesto presentó números rojos de 173 millones en el último trimestre de 2011, ante una dotación de 400 millones con la que el banco se cubre del riesgo inmobiliario. Aunque, por otro lado, esta semana Bankinter reveló que ya tiene provisionado un 75 por ciento del suelo.
En principio, no habría que acelerar la maquinaria. El sector tiene algo de tiempo para sanear sus balances, aunque el Ejecutivo espera que en 2013 el proceso esté bastante avanzado. Precisamente una de las cosas que persigue la reforma es dar transparencia y confianza a los mercados y prorrogarlo mucho en el tiempo significaría lo contrario.
¿Sacrificar el dividendo? No, gracias
En la práctica, recurrir al beneficio para zanjar la cuestión inmobiliaria puede traer problemas para sostener las políticas de retribución. Las entidades del Ibex dedicarán una media del 53 por ciento de su beneficio al dividendo entre 2012 y 2014. Con los resultados de este año y con los de los dos venideros distribuirán unos 27.600 millones entre los accionistas, según las previsiones.
Con cifras tan elevadas comprometidas, seguir remunerando del mismo modo no parece muy sostenible. Las entidades no son partidarias de sacrificar sus dividendos, por lo que la alternativa más probable es que opten cada vez más por retribuir con acciones, pues, además, elevan su capital para cumplir con las exigencias impuestas por la UE. "La otra manera sería pagar con reservas, pero esto va contra el core capital [ratio de reservas sobre el capital]", señalan en Renta 4.
Esto último frenaría su otro objetivo. De alguna manera, el sector está ante una encrucijada. Tiene por delante dos destinos y avanzar hacia uno puede alejarle del otro. El hecho de que desvíen más recursos a provisiones puede tener un impacto directo en el capital. No obstante, nada está aclarado y el Gobierno puede estudiar otras vías de saneamiento a través del consumo de recursos que ya están en el balance de los bancos.
Objetivo: evitar ampliaciones
El sector quiere evitar situaciones como la de Unicredit, en las que pedir auxilio al mercado le ha llevado a achatar la cabeza a fuertes descuentos en precio, y busca rutas alternativas para llegar al mismo camino: elevar el capital y fortalecer su solvencia.
La banca española cuenta con unos 10.000 millones de preferentes en mercado, incluidas las emitidas por entidades que ahora forman parte de grupos cotizados. Algunas de estas participaciones ya se están convirtiendo en acciones o, en su defecto, en bonos convertibles, que computan como capital al canjearse. A ello se suman unos 12.400 millones en convertibles contabilizados, con las emisiones del Santander, Popular, Sabadell, BBVA, CaixaBank y Bankinter.
Al canje de preferentes por convertibles con el que sorprendió al mercado Santander en diciembre, se han ido sumando los anunciados por CaixaBank, BBVA, Popular y Bankia. El propósito es cumplir con los requerimientos de la EBA antes de junio. De hecho, Santander ha sido el primero en anunciar que con esta operación ya pasa el examen.
La banca ante su ajuste más difícil
