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Sinde: "La SGAE hace bien apartando a Teddy"
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Sudoku: Juega cada día a uno nuevo
El tiempo: Consulta la previsión para tu ciudadNi el Ministerio de Cultura ni las comunidades autónomas han inspeccionado durante las últimas dos décadas a la SGAE y al resto de las sociedades de gestión de derechos de autor, ya que el Gobierno no ha traspasado las competencias a los autonomías para que las supervisasen, salvo en el caso del País Vasco, que las recibió el pasado 1 de julio, lo que supone una grave dejación del Gobierno. ¿Quién es quién en la trama? | Neri recurre su ingreso en prisión
La situación de vacío institucional se produjo tras la emisión de la sentencia del Tribunal Constitucional, de 13 de noviembre de 1997, que estimó que la inspección de las entidades de gestión de derechos de los autores es competencia autonómica y no estatal.
Los ministros de Justicia, Francisco Caamaño, y de Cultura, Ángeles González-Sinde, han exculpado al Ministerio de Cultura. Caamaño ha dicho que "es bueno que todos sepamos que hay una ley, pero también que después hubo una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha colocado las cosas en términos distintos".
En el pasado mes de enero, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) presentó un informe sobre el sector en el que denunciaba que las entidades han seguido enviando información al Ministerio de Cultura, "tanto las memorias e informes de gestión como las tarifas". Además, denunciaba que "las comunidades autónomas no han ejercido ningún tipo de función sobre las entidades de gestión".
En este informe, Competencia denunciaba también que evidenciaba una gran falta de claridad y de concreción que posibilita que se beneficien de la abstracción de la normativa y afirmaba que "la Ley de la Propiedad Intelectual no constituye en la actualidad un marco legal suficientemente claro, predecible y generador de certidumbre para los agentes involucrados en los mercados de gestión de derechos de propiedad intelectual, por lo que deberá procederse a su revisión general".
Aunque casi todas las autonomías incluyen en sus Estatutos la Ejecución de la legislación estatal en materia de propiedad intelectual, ninguna de ellas ha recibido el traspaso real de competencias de manos del Gobierno, salvo el País Vasco que las obtuvo el pasado 1 de julio, a través de Real Decreto 896/2011, de 24 de junio.
Si bien la Ley de la Propiedad Intelectual, en su artículo 144 regula una serie de medidas de intervención y control administrativo sobre las entidades de gestión reservadas al Ministerio de Cultura.
Por el contrario, la sentencia del Tribunal Constitucional, de 13 de noviembre de 1997, a la que se referen los ministros, responde a un recurso de la Generalitat de Cataluña y del Gobierno Vasco en el que impugnaban diversos artículos de la Ley de Propiedad Intelectual por extralimitación de competencias. En ella, se declaran contrarias al orden constitucional determinadas facultades asignadas a Cultura.
El TC determina que quedan reservadas a Cultura las competencias para autorizar o revocar las autorizaciones y aprobar y refrendar los cambios en los estatutos de la entidades de gestión de derechos de autor, como es el caso de la SGAE.
El ponente, el magistrado Fernando García-Mon, dictamina que el artículo 149.1.9 de la Constitución determina la atribución al Estado y le atribuye la competencia exclusiva sobre la legislación de la propiedad intelectual y las autonomías tienen atribuida por sus respectivos Estatutos de Autonomía la ejecución de la legislación del Estado.
El TC reconoce que la atribución por la Ley de la facultad para autorizar a las gestoras a ejercer es competencia estatal, pues este trámite trata de asegurar el mantenimiento de un régimen jurídico unitario de la gestión de la explotación de los derechos de la propiedad intelectual y de la uniformidad de la ordenación jurídica de la materia en todo el territorio nacional.
Por el contrario, el Tribunal interpreta que los apartados primero y tercero del citado artículo 144, sobre inspección, vigilancia y control de las entidades de gestión, son de competencia autonómica, puesto que su atribución a Cultura "debe considerarse contraria al orden competencial que en materia de propiedad industrial". Y concluye que, estas competencias son funciones sobre actividades regladas típicamente ejecutivas. Su reserva a la Administración del Estado no aparece justificada por la necesidad de mantener unos criterios generales y uniformes en su ejercicio.
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TODOS los gobiernos desde la nefasta transición -tu también Aznar, hijo mio no te da vergüenza ir dando lecciones por ahí cuando tendrías que estar callado.Mira lo que hace tu ministro de economía con un banco que es para...-son culpables-responsables pues.
ESTA GENTE A PARTE DE NO HACER NADA NADIE SABE LO QUE HACEN, IMAGINO QUE LA DEJACION DE FUNCIONES SERIA PARA QUE SE LE LLEVARAN A MANOS LLENAS SIN QUE NADIE LES MOLESTARA
El gobierno no ha hecho dejación alguna, porque ya tenía en la Junta a Victor Manuel, acérrimo seguidor de ZP y especialista en colocar el dedo índice sobre la ceja. ¿Cómo va el gobierno a meterse en la SGAE, si eran compinches en el marketing del ZPSOE?. ¡Una vergüenza más, de estos sinvergüenzas!!!
No entiendo el titular; porque no se puede transferir o hacer dejación de funciones de algo que, de partida, no te corresponde. Me temo que los medios de comunicación abusais de los titulares al servicio de otros intereses.
Sencillamente no me lo creo, entonces podría haberme hecho pasar por un cobrador de la SGAE con una cartera de piel y aquí no se entera nadie.
desde hace 7 años es lo que la inutil izquierda española y sus seguidores estan haciendo,NADA DE NADA,o acaso en estos años han echo algo de probecho?yo pienso que no,y sus seguidores,los de las cejitas con los dedos,pues mira tu como han salido los palurdos,LADRONES DE GUANTE BLANCO,O MEJOR LADRONES DE MANOS LLENAS
Vaya, lo mismo que con el Felix Millet, fijense que esta gente actua así porque saben que su protección política por servicios prestados les permite estar "por encima de la ley" y trincar sin temor a ser sancionados. En esto cabe felicitar a Eleconomista.es por su eficiente tarea de periodismo de investigación. Aparte de que es otro motivo para pedir una plena y efectiva separación de poderes.
SE LO LLEVABAN A MEDIAS LOS POLÍTICOS SOCIALISTAS Y LOS AUTORES DIRECTIVOS DE IZQUIERDAS. TODO LO DEMÁS SON MENTIRAS. Tonterías las justas ¡ POR FAVOR!
lopez, que hablan de 20 años, esto no es izquierda ni derecha, esto es una casta política a la que se le han concedido una serie de responsabilidades no supervisadas y que, algunos de ellos, están usando para sus propios beneficios como si fuese un derecho y no una responsabilidad.
Decálogo de un indignado maño:
1) Quitar todas las subvenciones a Sindicatos, Partidos Políticos, y en general a todos
los Entes que tengan socios. (Se financiarán con las cuotas de éstos y si no se disolverán).
2) Bajar los sueldos a todos los políticos, cargos de ayuntamientos, funcionarios, etc. y
que no superen por ley, 5 veces el salario mínimo interprofesional.
3) Las hipotecas responderán sólo con el valor del inmueble, su entrega cancelará totalmente
el crédito.
4) Se suprimirán todos los puestos de funcionarios que rebasen la media porcentual de los
3 países europeos que sean más eficientes (menor número de funcionarios).
5) Prohibir aparcar los coches a los políticos y funcionarios donde se prohiba aparcar al
resto de ciudadanos. Por ejemplo (La Aljafería en Zaragoza).
6) Mismo valor de los votos para todos los ciudadanos.
7) Gasto de todos los Organismos Públicos con máximos publicados por ley y primando la
austeridad.
8) Todo político imputado deberá dejar su cargo al instante hasta que se demuestre su
inocencia.
9) Los políticos responderán subsidiariamente con sus bienes de las atropelías que cometan
en sus puestos de trabajo.
10) Este decálogo se refiere a TODOS los partidos políticos sin distinción alguna.
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