
La familia Botín ha asegurado hoy a través de un portavoz que "está al corriente de todas sus obligaciones fiscales", después de haber realizado una regularización "voluntaria y completa" de sus declaraciones fiscales de entre 2005 y 2009. Fuentes de la Agencia Tributaria sospecha que estas declaraciones no son totalmente "veraces, completas y espontáneas". La Audiencia Nacional admite a trámite una denuncia de Anticorrupción contra la familia Botín.
Según informa EFE, doce miembros de la familia Botín han regularizado 72 declaraciones del IRPF y del Impuesto sobre Patrimonio de entre 2005 y 2009 por los activos de la herencia familiar en Suiza, que les han llevado a pagar ya a Hacienda unos 200 millones de euros.
Según fuentes próximas a la familia Botín, el origen de ese patrimonio en Suiza se debe a la huida del padre del actual presidente del Banco Santander a ese país en 1936, cuando acababa de estallar la Guerra Civil española y fue cesado de sus cargos en la entidad financiera.
Durante su estancia en Suiza, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López abrió una cuenta a la que trasladó parte del patrimonio familiar y creó una fundación para que lo administrara, que no ha recibido aportación de los herederos desde el fallecimiento del empresario en 1993.
A raíz de que la Agencia Tributaria requiriera información en 2010 al fallecido Emilio Botín Sanz de Sautuola y López por la información recibida del "caso HSBC", el presidente del Banco Santander, su hermano Jaime y sus respectivos hijos procedieron a regularizar las declaraciones con pagos de 200 millones de euros, según fuentes próximas a la familia.
La información de las regularizaciones que ya han tenido lugar se ha hecho pública después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu haya admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime y sus respectivos hijos, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
Se están comprobando
Aunque las regularizaciones realizadas siguen siendo comprobadas por Hacienda, Anticorrupción se ha visto obligada a iniciar acciones judiciales para evitar que prescriban las actuaciones relativas al ejercicio 2005, lo que se iba a producir el próximo 30 de junio.
A petición de la Agencia Tributaria, Emilio Botín y sus cinco hijos presentaron en julio de 2010 las declaraciones del IRPF y del Impuesto sobre Patrimonio de los ejercicios 2005 a 2009, la mayoría complementarias, sobre las que aportaron más documentación a finales de ese mes por la existencia de errores o defectos.
El presidente del Banco Santander y sus hijos (Ana Patricia, Paloma, Emilio, Carmen y Francisco) explicaron que la regularización voluntaria se debía a activos o rentas cuya titularidad pertenecía a trusts, fundaciones y otras figuras fiduciarias.
En otro escrito posterior, el presidente del Banco Santander precisó que, aunque no era el titular de las cuentas bancarias del HSBC, se había decidido a presentar las complementarias con el detalle de la evolución de su patrimonio para clarificar la situación ante Hacienda.
A mediados de 2010 también regularizaron su situación fiscal Jaime Botín y sus cinco hijos (Marcelino, Alfonso, Gonzalo, Marta y Lucrecia), quienes explicaron el problema de la herencia de su padre y abuelo.
"No son del todo veraces"
Sin embargo, la Agencia Tributaria sospecha que estas declaraciones complementarias no son totalmente "veraces, completas y espontáneas", por lo que ha remitido toda la información a la Fiscalía Anticorrupción para que dirima si procede o no una "excusa absolutoria" del delito fiscal.
Fuentes de la investigación explicaron a Europa Press que los denunciados han satisfecho el pago de impuestos de los intereses generados por las cuentas en el periodo requerido (2005-2009), pero no han podido demostrar documentalmente la procedencia del dinero depositado en las mismas ni si las imposiciones en la citada cuenta, titularidad del padre de Emilio Botín, se realizaron hace varias décadas. De ser así, el posible delito habría prescrito.
El caso se inició en mayo de 2010, cuando la Agencia Tributaria recibió de parte de las autoridades francesas el listado de españoles con cuentas en la filial suiza del HSBC, después del robo de los datos por parte de un empleado del banco británico con información entre los ejercicios fiscales de 2005 y 2009.
Con esta información en su poder, la Agencia Tributaria concedió un plazo a los titulares de dichas cuentas para que regularizaran de forma voluntaria su situación con el fisco, lo que conllevó recargos y sanciones de hasta el 20% de la cantidad defraudada, y permitió a Hacienda recaudar 260 millones de euros.
Penas a las que se enfrentan
El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y cinco de sus hijos, así como su hermano Jaime Botín y sus respectivos cinco hijos, podrían enfrentarse a penas de entre uno y cuatro años de cárcel si se confirma que cometieron delito fiscal en el caso de las cuentas suizas del HSBC, según indicaron a Europa Press fuentes de los inspectores de Hacienda.
Además, en el caso de que exista sentencia firme condenatoria contra Botín y sus familiares, éstos perderían el requisito de honorabilidad para dirigir entidades de crédito, lo que afectaría directamente tanto a Emilio Botín como a su hija Ana Patricia Botín, presidenta de la filial británica del Santander.
Además de la posible pena de prisión, podrían hacer frente a una multa hasta seis veces superior a la cuantía defraudada. La legislación española contempla también supuestos de delito fiscal agravados, como aquellos en los que se utilizan personas interpuestas para la comisión del delito, los llamados "testaferros", o aquellos otros en los que el importe defraudado es muy grande, circunstancia que debe ser determinada discrecionalmente por el Tribunal.