
Banco Santander anunció una emisión de 1.000 millones de euros en cédulas territoriales que en teoría había cerrado la semana pasada. Hasta aquí, todo normal. Lo que no contó es que de esta cantidad, los bancos colocadores tuvieron que quedarse con la mitad, ante la desconfianza que genera las garantías de estos bonos: préstamos a ayuntamientos y comunidades autónomas.
Según informa hoy el diario estadounidense The Wall Street Journal citando a fuentes cercanas, la demanda que registró la operación fue tan escasa que sólo logró colocar 500 millones de euros entre inversores.
Como consecuencia, cada uno de los bancos que participaron se vieron obligados a absorber 100 millones de euros.
Obviamente, no tiene nada que ver con Santander, pero sí -y mucho- con las autonomías y ayuntamientos de España. De hecho, dichas fuentes señalan que muchas personas cercanas a la emisión la han calificado de "desastre" y han asegurado que alguna de las entidades colocadoras se planteó incluso abortar la colocación, vista la falta de interés de los compradores en los títulos ofrecidos y el importe que tendrían que asumir.
Finalmente, llegaron al acuerdo de cubrir de sus bolsillos el resto de la transacción para poder completarla. El resto de implicados, además de Banco Santander, fueron Commerzbank, HSBC y Société Générale.
Factores externos
Se trataba de la primera emisión de cédulas territoriales -deuda que cuentan con la garantía de préstamos concedidos a Gobiernos autonómicos y municipales- desde 2003. El plazo de vencimiento era de cinco años, con un tipo de referencia de midswap más 195 puntos, y obtuvo una caificación de triple 'A' por parte de Moody's.
La lectura que extrae el WSJ es la influencia que ejerce la crisis de deuda de la zona euro y, en este caso concreto, la incertidumbre que rodea a las cuentas regionales, sobre los inversores. Así, destaca que "la incapacidad de Santander para encontrar compradores no es una señal de que tenga problemas para financiarse a sí mismo".
Los colaterales de las cédulas emitidas por la entidad que preside Emilio Botín eran créditos concedidos al sector público en Cataluña, Madrid, Valencia, Andalucía, País Vasco y las islas Canarias.