Juez mantiene imputados a cargos de Adigsa por cobro comisiones constructores

Barcelona, 16 oct (EFECOM).- El juez de instrucción mantiene en un auto la imputación contra ocho cargos públicos, constructores e intermediarios por el supuesto cobro de comisiones ilegales de hasta el 20% en obras en viviendas de protección oficial de Adigsa, empresa pública de la Generalitat, durante el gobierno de CiU.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el juzgado de instrucción número 3 de Barcelona aprecia suficientes indicios para acusar a los imputados -algunos de ellos altos cargos de Adigsa- de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento oficial.

El juez concluye así la investigación que inició en febrero de 2005 a raíz de la querella que presentó la Fiscalía después de que el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, denunciara en el Parlament el cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras cuando gobernaba CiU.

Entre los imputados figuran el ex presidente de Adigsa Ferran Falcó, ahora primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Badalona por CiU, su ex consejero delegado Josep Antoni Fontdevila, el ex director técnico Jordi Huguet y el ex responsable de compras de la empresa pública Xavier Sala.

Los otros imputados son los intermediarios José María Penín, cuyo hermanastro es pariente del ex conseller Felip Puig, y Jordi Honrubia, así como los constructores Ángel Egido y José Antonio Salguero, que destapó las irregularidades en la empresa pública.

En su auto, que publica hoy el periódico "El País", el juez considera a Penín el "principal artífice" de una trama para el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de obras de rehabilitación de viviendas de segunda mano dentro del Plan Jove, ideado "con la finalidad de captar el voto" para CiU.

Aunque la función "teórica" de Penín era tasar inmuebles y estudiar su viabilidad económica, no consta que lo hiciera así, sino que se ocupaba -según el auto- de llevar a constructores a ver las viviendas que se iban a rehabilitar para encargarles las reformas y, cuando las obras estaban hechas, se realizaban los expedientes para darles "apariencia legal", añade.

De lo investigado se desprende que Penín cobró de Adigsa facturas de 28.895 euros, "con la autorización de los responsables económicos y administrativos" de la empresa pública, y que se embolsó dinero público, bien por tasaciones no realizadas o por comisiones cobradas a algún contratista por haberle encargado obras.

Concretamente, relata el auto, Penín y el también intermediario Honrubia cobraron comisiones por importe de 60.000 euros al constructor Salguero por las obras adjudicadas, e intentaron obtener otras 500.000 pesetas (3.000 euros) de otro empresario por la rehabilitación de dos pisos, trato al que éste se negó.

Según el juez instructor, Salguero, que rehabilitó una veintena de viviendas, aceptó la propuesta de Penín de que aumentara un 20% el valor de las reformas, "en claro detrimento del erario público", sin que en Adigsa hubiera constancia de que estuviera realizando obras para ellos.

El auto añade que fue el presidente de Adigsa el que presentó a Penín al consejero delegado y le dijo que trabajaría en la empresa pública, mientras que Fontdevila emitió un certificado que servía de "credencial" al intermediario.

El consejero delegado, añade el juez, habría adjudicado directamente expedientes de contratación al margen del procedimiento habitual, "ignorando las irregularidades en los mismos y disponiendo que por el área técnica se elaboraran posteriormente los documentos para el expediente y pago de los contratistas".

Los otros dos funcionarios de la empresa de vivienda pública están imputados por ser responsables de las irregularidades detectadas en los expedientes de contratación y haber autorizado las propuestas de pago a Penín. EFECOM

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