Dudaron en firmar la refinanciación de Martinsa-Fadesa pero se vieron abocados a ello y ahora, que por fin pueden dar a conocer su parecer sobre la inmobiliaria que preside Fernando Martín, han comunicado al juzgado encargado del concurso de acreedores su oposición al convenio de acreedores. De las cuatro demandas presentadas en este sentido, dos, al menos pertenecen a la banca extranjera.
Según ha podido saber elEconomista de fuentes cercanas al procemiento judicial, Banco Shinsei, socio japonés del Santander, junto a un pequeño banco inglés, que ha preferido no dar su nombre, han presentado la demanda de oposición en la que recogen ocho puntos por los que consideran que el convenio no es legal. Las mismas fuentes explicaron a este diario que su principal queja es que no pueden obligarles a que su crédito ordinario pase a convertirse directamente en acciones de la inmobiliaria.
El convenio de acreedores, que ha sido apoyado por más del 73 por ciento de los deudores de la inmobiliaria, incluye una cláusula por la que la banca acreedora podría intercambiar deuda por acciones si Martinsa es incapaz de devolver el pasivo en el plazo establecido.
Es decir, que como el convenio habla de devolver la deuda íntegra sin quitas en un plazo de ocho años, ampliable a diez años, la banca extranjera tendría que dejar transcurrir ese tiempo con la esperanza de que su crédito ordinario le será devuelto y, si eso no sucede, en 2022 (el primer pago se realizará el 31 de diciembre de este año) pasaría a ser accionista de una inmobiliria española en la que desde hace mucho tiempo no tiene ninguna fe.
El convenio apoyado por los acreedores contempla una amortización del pasivo del 0,5 por ciento en los dos primeros ejercicios (2012-2013) y del 1 por ciento en 2014. Por su parte, el último año en el que Martinsa-Fadesa abone su deuda, además de liquidar la cantidad que le quede del crédito principal, Fernando Martín quiere, en esa anualidad, abonar la diferencia entre lo ya devuelto y lo que se acordó en el primer convenio que presentó su inmobiliaria.
Si el juez admitiera finalmente a trámite las alegaciones de la banca extranjera, el resto de acreedores y la inmobiliaria tendrían que ofrecer su opinión al respecto, lo que podría alargar el proceso de tres a cuatro meses.
Desde Martinsa, aseguran que en un proceso en el que participan más de 5.000 acreedores, "es normal" que se presente algún tipo de alegación al respecto.
Martinsa supera el concurso de acreedores
