La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Francisco Hernando, El Pocero, a cuatro años de prisión menor por otros tantos delitos contra la Hacienda Pública, cometidos entre 1992 y 1993. Esta noticia, adelantada el lunes por elEconomista, es un auténtico jarro de agua fría para el empresario, que ha agotado todas las vías de recurso ordinario y, por tanto, su única escapatoria es el Tribunal Constitucional.
Para poder acudir a esta instancia, hace falta argumentar que se ha violado algún derecho fundamental. Y los abogados del constructor han apelado al derecho a tener un proceso sin dilaciones indebidas, es decir, sin retrasos injustificados.
La culpa también es de El Pocero
Sin embargo, esta demora también es responsabilidad de El Pocero. Al menos, así lo interpreta el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Jesús Fernández Entralgo, que responsabiliza a la defensa del constructor de colaborar a retrasar el proceso.
En la sentencia, el juez explica que el retraso en la resolución de este conflicto responde, en parte, a "un incidente inicial promovido, con sobrada razón, por la defensa del imputado, y demorada por dilaciones en el cumplimiento de requerimientos de entrega de documentación diversa".
Esta jugada, según el magistrado, dificultó y retrasó durante tres años las pesquisas judiciales, dirigidas a aclarar las relaciones entre Horpavisa y Patrimonio 2000, dos sociedades controladas por Hernando.
Entre 1992 y 1993, la primera inyectó a la segunda varios activos, valorados en 5,37 millones de euros, que fueron vendidos sin saldarse correctamente los impuestos de IVA y Sociedades. En septiembre de 1996, la Agencia Tributaria dio la voz de alarma y, año y medio después, se dispuso la incoación de diligencias previas. Sin embargo, la actividad judicial se alargó hasta marzo de 2001.
El proceso volvió a retrasarse hasta marzo de 2002, en esta ocasión por el exceso de trabajo del perito designado en el caso, y un año después, cuando se propuso una resolución consensuada del caso y se abrió juicio oral, el abogado del Estado no se avino a los términos del consenso, porque no incluía el pago de los intereses legales devengados.
Largo proceso
Cuando volvió a abrirse el juicio, en abril de 2003, la defensa de Hernando presentó una prueba pericial que llevó a la acusación a pedir la suspensión hasta julio de 2004. El fallo del Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid fue condenar al empresario a cuatro años de prisión menor, una multa superior a seis millones de euros, y el pago de 1,9 millones de euros de responsabilidad civil.
El empresario recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid y, en febrero de 2005, se iniciaron las sesiones preparatorias del juicio, que duraron algo más de un año, debido a significativas vicisitudes, como el cambio de letrada de Hernando o la modificación del magistrado ponente. Obstáculos que retrasaron el arranque del juicio, "que duró algo más de un año, con dedicación exclusiva de los magistrados que resuelven este recurso", hasta julio de 2006.
Aunque, en la sentencia, el juez deja claro que el retraso de todo el proceso responde a muy diversas razones, no sólo imputables a la defensa del constructor, también descarta la posibilidad de que "la dilación indebida pueda conducir a la absolución del acusado".
