Al final parece que el Partido Popular llevará el vodevil de Caja Castilla-La Mancha al teatro de los tribunales. El partido de Mariano Rajoy lleva meses estudiando todos los pormenores que originaron la intervención de la caja de ahorros por parte del Banco de España.
Y, hoy, todo apunta a que los populares apoyados en el pliego de cargos que sirvió para la investigación que actualmente desarrolla la fiscalía anticorrupción, tienen decidido presentar una querella, por prevaricación, contra la vicepresidenta de Castilla-La Mancha, María Luisa y Araujo, y contra los tres administradores del máximo organismo supervisor financiero que permitieron el cambio de estatutos de la entidad financiera.
La querella, podría estar casi ultimada, y aunque fuentes oficiales del PP han declinado pronunciarse, elEconomista ha podido saber que las imputaciones contra la vicepresidenta y Consejera de Economía y Hacienda del gobierno autonómico obedecen a que, fue ella quien propició y autorizó la inscripción del cambio de estatutos, a sabiendas, en opinión de los querellantes de que se saltaba lo dispuesto en la ley de fundaciones.
En el caso de los administradores, el Partido Popular estima que transgredieron la ley nacional vigente en materia de fundaciones, siguiendo las instrucciones del presidente regional, José María Barreda, "para colocar al frente de la obra social de CCM un patronato de amigos del PSOE que, aunque pierdan las próximas elecciones, podrán continuar al frente de la obra social , que es lo que gestiona la Fundación autorizada.
De confirmarse la presentación de la querella, sería la primera vez en la democracia española que un partido político se querellase contra el Banco de España.
Desde las filas de la oposición mayoritaria se argumenta también que, aunque la Audiencia Nacional respaldó la intervención del Banco de España en el recurso presentado por los antiguos administradores de CCM contra su destitución, en esa misma sentencia confirma también que "el gobierno del señor Barreda asistió silente y paralítico a cómo sus compañeros de partido colocaban a la caja de ahorros en situación crítica de solvencia y liquidez, causaban fuertes pérdidas ocultas en la contabilidad y realizaban prácticas que pueden ser constitutivas de delito".
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