Cerca de 200 profesionales han acudido a los tribunales demandando la rescisión del contrato. Uno de los primeros en recurrir a la Justicia fue el ex presidente del Usca, Juan María García Gil.
El I Convenio Colectivo que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) firmó con los controladores aéreos en marzo de 1999 le ha costado hasta la fecha muy caro, pero puede salirle todavía mucho más oneroso, hasta un máximo aproximado de 116 millones de euros.
Un total de 180 controladores aéreos, según fuentes de Aena, y de 200 según la versión ofrecida por la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca), han interpuesto demandas individuales en distintos juzgados de lo social españoles reclamando la rescisión de su contrato.
El goteo en la presentación de las demandas comenzó en el mes de febrero, días después de que el Gobierno aprobase un real decreto que modificaba las condiciones de trabajo del colectivo. El argumento esgrimido en las demandas se apoya indistintamente en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la "Extinción por voluntad del Trabajador", y en el artículo 152 del I Convenio Colectivo que, bajo el epígrafe "Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo", precisa que "Aena, cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que afecten a los controladores aéreos, individual o colectivamente, directa o indirectamente, podrá acordar modificaciones sustanciales de sus condiciones de trabajo, para lo que habrá de contar con la aprobación expresa de los representantes de Usca".
El citado artículo también detalla que "a estos efectos se consideran modificaciones sustanciales las que afecten a la jornada laboral, horario, régimen de trabajo a turnos y sistema de remuneración".
El Gobierno no llegó a consensuar el texto del real decreto con el colectivo, que de hecho fue recurrido el 3 de marzo por el Usca al entender que "vulneraba diversos artículos de la Constitución española".
Los demandantes son en su mayoría profesionales con más de 50 años de edad, que exigen una indemnización de 45 días por año trabajado hasta un tope de 20 mensualidades. En el supuesto de que los controladores ganasen todos los juicios y de que los jueces atendiesen sus peticiones, Aena debería afrontar el pago de hasta 116 millones de euros, tomando como referencia el sueldo medio calculado por la propia Aena: 350.000 euros anuales.
Curiosamente, uno de los primeras demandas fue presentada por el anterior presidente de Usca, Juan María García Gil, justamente cuando el sindicato mantenía negociaciones con Aena.
Mucho dinero
El secretario de Comunicación y de Relaciones Institucionales de Usca, César Cabo, no quiso ayer cuantificar el alcance de las demandas, aunque estimó que podrían alcanzar "decenas de millones de euros". Aena, por su parte, entiende que el real decreto aprobado el 5 de febrero pasado anula el único convenio vigente, razón por la cual las denuncias carecen de base legal.
La primera vista ha tenido lugar hace unos días en un juzgado de Ibiza, y se encuentra pendiente de sentencia. El resto de los juicios tendrá lugar entre los meses de octubre y noviembre. Tras solicitar la rescisión contractual, los demandantes podrían volver a trabajar en otras administraciones aéreas europeas.
Fuentes del Usca explican que más allá del aspecto legal, el nuevo conflicto plantea un problema añadido que no es nuevo: la falta de personal. Los 200 controladores que han recurrido a los juzgados representan el 10 por ciento de la plantilla y su marcha condiciona los planes de programación de algunos centros aéreos, como los de Madrid y Barcelona.
La problemática descrita fue explicada ayer por los representantes del Usca al ministro de Fomento, José Blanco, con quien mantuvieron un encuentro por la mañana. De acuerdo con las fuentes sindicales, Blanco se mostró "receptivo" y "dialogante" y les animó a negociar el nuevo convenio colectivo.
Hasta 200 controladores piden rescindir sus contratos
