La compañía de telecomunicaciones ha puesto en marcha el engranaje para divorciarse de Portugal Telecom, después de que el pasado viernes rechazase ampliar su oferta, tal y como pedía la lusa. Así, ha contratado al despacho de abogados holandés Brauw Blackstone Westbroek, que asesoró a ambas operadoras en la creación de Brasilcel, para comenzar con su disolución. Los inversores en CDS no creen que Telefónica renuncie a Vivo.
Tras extinguirse el pasado viernes la oferta de compra que presentó por la participación de Portugal Telecom en la compañía de móviles brasileña Vivo, Telefónica ha puesto en marcha su estrategia jurídica para seguir peleando por hacerse con el control de Vivo.
Por su parte, el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, ha descartado la mediación del Gobierno español entre Telefónica y Portugal Telecom , ya que el proceso "está teniendo lugar en el contexto en el que tiene que tener lugar, que es entre compañías".
Poner fin a la joint venture
Según han informado fuentes conocedoras de la operación, ha contratado los servicios de este importante despacho de abogados, con sedes en Amsterdam, Londres, Nueva York y Pekín, que asesoró a las dos empresas en la creación de Brasilcel en 2001, con el objetivo de disolver esta sociedad holandesa, que las dos compañías controlan a partes iguales y propietaria del 60% de Vivo.
La primera medida que llevará a cabo el despacho es interponer en breve plazo una denuncia ante el Tribunal de Arbitraje de La Haya para disolver Brasilcel, propietario del 60% de Vivo.
La multinacional española comunicó en la madrugada del viernes al sábado el fin del plazo dado a Portugal Telecom para comprarle su 30% de Vivo, con una oferta sobre la mesa de 7.150 millones de euros, que el Gobierno de Portugal consideró insuficiente, a pesar de haber incrementado dos veces la empresa española la propuesta inicial de 5.700 millones de euros.
La operación de compra del 30% de las acciones de la operadora brasileña Vivo arrancó el pasado mayo, cuando Telefónica ofertó 5.700 millones de euros, una suma que PT consideró y que su Consejo de Administración rechazó.
Telefónica, entonces, subió la oferta a 6.500 millones de euros el 1 de junio, y poco antes de la Junta de Accionistas del 30 de ese mes la compañía española volvió a aumentar la oferta a 7.150 millones de euros, cantidad que fue del agrado del 73,9% de los accionistas de PT, pero no del Gobierno portugués, que ejerció el veto mediante su acción de oro.
El Ejecutivo de José Sócrates justificó su decisión en la defensa del interés nacional de que PT siga en Brasil, donde tiene su principal fuente de ingresos y crecimiento, y rehusó dar marcha atrás en el veto cuando el Tribunal de Justicia de la UE declaró ilegal, el pasado día 8, la "acción de oro" ejercida por el Gobierno de Lisboa.
Telefónica amplió entonces el plazo de extinción de la oferta del 2 al 16 de julio, a la espera de que se flexibilizara la negociación, sobre todo tras la decisión del tribunal europeo. La compañía española no aceptó prorrogar las negociaciones a la venta hasta el próximo día 28 y hoy ha reiterado que la oferta está "extinguida".
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