El consejo de administración de Portugal Telecom (PT) podría aceptar la oferta de Telefónica para la compra de la participación que el operador luso controla en Vivo, pese al veto del Estado portugués, en virtud de su deber fiduciario. Además, los minoritarios han anunciado que van a pasar a la acción y que podrían presentar una demanda contra el Gobierno luso.
El consejo de PT se está asesorando para calibrar sus opciones y podría decidir ignorar lo ocurrido en la junta de accionistas y aceptar la oferta de Telefónica, indicaron las fuentes.
En este sentido, los inversores apelan al deber fiduciario del máximo órgano de gobierno del operador luso. Lo que se establece a través de esta relación jurídica es que el fiduciario -en este caso el consejo- debe primar el interés de los beneficiarios por encima del personal.
Así, el consejo de la telaco lusa apelaría a su obligación de actuar en interés de los accionistas, y confían en que el acuerdo pueda prosperar.
De esta forma, se explicaría la decisión del grupo presidido por César Alierta, tras la junta de accionistas de PT celebrada el pasado miércoles, de extender la validez de su oferta hasta el 16 de julio y podría ser, además, uno de los aspectos en los que los administradores de PT buscan consejo legal.
Telefónica espera también a que se conozca la resolución del Tribunal de Justicia Europeo sobre el veto del Gobierno luso. En principio, se espera que elpróximo 8 de julio Bruselas declare ilegal el uso de la acción de oro.
Los minoritarios pasan a la acción
Aferrándose a este último punto, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), y la portuguesa ATM están valorando la posibilidad de interponer una demanda contra el Estado portugués.
Así, las asociaciones explicaron que la acción de oro, que calificaron como "injerencia anacrónica y arbitraria del poder político", constituye un mecanismo declarado en múltiples ocasiones por la Unión Europea como "incompatible" con el derecho comunitario, especialmente con el principio de la libre circulación de capitales.
También señalaron que son los accionistas de las empresas, reunidos en junta general, quienes representan el "poder soberano" en las sociedades mercantiles y por tanto quienes detentan la legitimidad para la toma de las decisiones que afecten a la misma.