La Plataforma Unidos por La Seda y la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) denunciaron ayer que La Seda está boicoteando el acceso a la junta de accionistas de la compañía, que se celebrará el próximo 21 de junio en primera convocatoria, o el 22 en segunda.
"Las entidades depositarias de los títulos están remitiendo las tarjetas de asistencia al consejo de administración, en lugar de a sus legítimos propietarios, impidiéndoles así el derecho al voto", explicó Juan de Frutos, portavoz de la Plataforma, que ha denunciado ya la situación ante la CNMV y que cuenta con el asesoramiento del despacho de abogados Cremades Calvo Sotelo.
"La situación es extremadamente grave. Si los accionistas no reciben sus tarjetas y se comprueba que el consejo ha estado maniobrando para impedir el voto, iniciaremos todas las acciones civiles y penales oportunas", añadió Aemec.
De momento, según los datos de la asociación, al menos un 50% de los accionistas minoritarios no habría recibido todavía su tarjeta, imprescindible para poder asistir a la asamblea.
Unidos contra el consejo
Los minoritarios se han unido para intentar aglutinar el mayor número de votos, cambiar al consejo de administración y hacerse así con el control de la compañía. Ayer, De Frutos se mostró optimista porque, según dijo, "podemos llegar a tener el voto favorable del 30% del capital, lo que nos permitiría impedir la aprobación de las cuentas y cesar a los actuales administradores".
Mientras tanto, y a la espera de lo que pueda pasar, mantienen una dura batalla legal. La Plataforma Unidos por La Seda recordó, en este sentido, que la Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantiene abierta una investigación por las presuntas irregularidades cometidas por el ex presidente de la compañía, Rafael Español, que podrían alcanzar los 100 millones de euros.
La plataforma también denunció las irregularidades contables ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).
Sin embargo, los minoritarios también denunciaron a la CNMV y el ICAC por no cumplir con su labor supervisora ante la Audiencia Nacional, que admitió la existencia de posibles irregularidades y remitió la causa a los Juzgados de Instrucción de Madrid, donde está pendiente de reparto.
Los minoritarios quieren impugnar la junta
