Hace quince meses, justo antes de la intervención de Caja Castilla-La Mancha (CCM), e incluso mucho antes, el gobernador del Banco de España ya sabía que el sector de las cajas tendría que llevar a cabo una reestructuración para poder sobrevivir.
Lo que no se imaginaba por entonces era que a estas alturas ninguna fusión estaría totalmente materializada y que los proyectos más importantes responderían a cuestiones políticas, en contra de lo declarado por él en múltiples ocasiones, y alejados del principio de optimización económica que el supervisor debe defender.
Miguel Ángel Fernández Ordóñez y su equipo, que habían mantenido un pulso con las comunidades autónomas para propiciar las fusiones interregionales, han tenido que ceder ante la tozudez de los gobiernos regionales, lo que trae, según las fuentes financieras consultadas por este periódico, una sola ventaja y múltiples inconvenientes.
A la hora de evaluar los pros y los contras, el único pro habla de acelerar las uniones para evitar un deterioro mayor en las entidades y poder inyectar ayudas públicas con el beneplácito de Bruselas.
"Una patada para delante"
Los contras son más numerosos. El más importante es el riesgo de que las integraciones se cierren en falso. En el sector ya hay voces, cada vez más numerosas, que indican que dentro de algún tiempo, tal vez no más de dos o tres ejercicios, se tendrá que poner en marcha otro proceso similar al actual, aunque, previsiblemente, las entidades se verán huérfanas de ayudas públicas con las que costear su saneamiento... o su intervención.
"Lo que está haciendo es una patada para adelante", explican desde una de las principales entidades del país, que cuentiona las medidas adoptadas por el organismo supervisor. "No ha sabido o no ha querido imponer su criterio", añaden.
Éste es un sentir extendido en el conjunto del sector y en ámbitos económicos, que ven su autoridad noqueada no sólo por los gobiernos regionales, sino también por los responsables de algunas de las entidades, que han hecho caso omiso a sus recomendaciones y que le han obligado a ampliar plazos de una manera generalizada en el cierre de operaciones concretas.
CajaSur
La última decisión de calado tomada por el Banco de España es en parte fruto de esta política de flexibilidad e hincamiento de rodillas antes los intereses autonómicos. La intervención de CajaSur el pasado viernes es el final de una historia que podría haber tenido un guión y un resultado totalmente diferentes.
Hace un año aproximadamente, el supervisor apremió a la caja cordobesa a buscar una pareja ante su delicada decisión. La cúpula de la entidad se fue a Murcia y encontró un socio, una de las instituciones más sólidas del sistema español. Caja Murcia aceptó las propuestas de CajaSur para fusionarse. Fernández Ordóñez bendijo esta operación por, entre otros aspectos, su preferencia por las integraciones interregionales.
Pero donde dijo digo, dijo Diego. ¿Por qué? Porque se interpuso la Junta de Andalucía. El Ejecutivo socialista de José Antonio Griñán presionó para que la murciana no se hiciera con la cordobesa y defendió con uñas y dientes una fusión dentro de su territorio. Unicaja accedió a negociar. Esta opción nunca fue bien vista por el Cabildo de Córdoba, gestor de la entidad, que se resistió desde el primer momento a entregar la caja a los que denomina "los rojos".
Las funciones del Banco de España, desde luego, no alcanzan a señalar con el dedo a las entidades que deben fusionarse, pero sí está en su mano vetar una operación que considera menos eficiente que otra, señalan desde una entidad de ahorros consultada por este periódico.
Acorralado por los intereses del Gobierno y del resto de partidos que rigen las autonomías, no se ha atrevido a decir que "no" a ninguna de las propuestas por las que han apostado los ejecutivos regionales.
Los problemas del FROB
Según los expertos, uno de los argumentos que explica la pasividad del supervisor, es que la normativa del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) no nació con las reglas que el Banco de España recomendó al Ministerio de Economía. Desde el principio, se dejó notar la conveniencia de Moncloa de no irritar demasiado a las fuerzas nacionalistas, con las que debía negociar los Presupuestos Generales. Así, el Banco de España es el responsable de aprobar una fusión, pero las autonomías retienen el derecho de veto, lo que deja el partido en tablas.
Otro responsable de una caja asegura, sin disimular su indignación, que el capítulo 9 del Real Decreto del Frob fue hecho a medida para que la Generalitat pudiera imponer su criterio sobre las operaciones de las cajas catalanas, algo, según afirma, que ha levantado ampollas en el sector.
Lo cierto es que, primero la amenaza, y luego el paso atrás, ha sido la tónica en el comportamiento del Banco de España.
Volviendo al caso de CajaSur, la irresponsabilidad de sus gestores, a los que estudia ahora abrir expediente, ha hecho que le explote otro balón en la cara. Si tuvo que olvidarse de la operación con Caja Murcia, ahora, asumiendo el coste para el contribuyente que quería evitar, no ha tenido otra salida que realizar la segunda intervención de la crisis, cuyo precio será asumido, hasta que la adjudicación devuelva parte de los fondos empleados, a través del Frob.
Sin embargo, la apertura a otras entidades distintas de las cajas en la puja por la cordobesa es algo que no le quita el sueño.
Caixanova y Caixa Galicia
Éste es el útimo caso, pero no el único ni el más sonado. El gobernador llegó a anunciar, en el club financiero de Vigo, donde tiene la sede Caixanova, que "no me temblará el pulso si debo intervenir otra entidad". El supervisor, como tantas otras veces, había pensado que la solución óptima para Galicia pasaba por la fusión de Caixa Galicia con Caja Madrid, para la que también reservaba a la CAM.
Todo saltó hecho añicos. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hizo de la fusión de las cajas gallegas su gran apuesta personal e incluso arrancó del jefe del PP, Mariano Rajoy, un tibio apoyo a este plan, a pesar de ser, al igual que el gobernador, un firme defensor cajas de diferentes regiones.
A pesar de la oposición del PSOE, de Caixanova, que se defendió como gato panza arriba, y del gobernador, la fusión, a trancas y barrancas, salió adelante. Otra oportunidad perdida, según fuentes del sector, y más recorte de empleo que cualquier otra alternativa.
En la CAM se volvió a repetir el guión, a pesar de la disponibilidad inicial de Caja Madrid, la operación se topó pronto con el rechazo de Francisco Camps, que no estaba dispuesto a que la entidad aliciantina corriera el riesgo de perder su sede y su identidad al ser absorbida por la segunda entidad del sector.
Disgustos
Tanto empecinamiento casi acaba en otro disgusto monumental, más incluso al tratarse de la cuarta caja por activos, sólo evitado por el ultimátum del gobernador, con la pistola humeante aún por la intervención de CajaSur. La alicantina, tras aplicarse con denuedo durante días para alcanzar un acuerdo con Caja Murcia, la entidad que participa en todas las quinielas, Caja Madrid y la BBK, consiguió sobre el toque de campana a sus compañeros de viaje en Cajastur, la gran ganadora, Caja Cantabria y Caja Extremadura.
A pesar de que la caja asturiana y CCM suponen dos tercios de los activos de la CAM el poder se reparte equitativamente, un 40% cada una, pero con el primer puesto ejecutivo reservado para el presidente de Cajastur, entidad que ha tenido que actuar como salvadora por segunda vez y a la que no le importa agrupar todas sus operaciones a través de un banco, algo del agrado de Fernández Ordóñez.
Más problemas
Los problemas para el Banco de España aún no han acabado, quedan entidades solteras, cuya inyección de ayudas se ve como necesaria desde todos los ámbitos menos en el propio, que se resisten a una fusión que no les asegure una determinada cuota de poder.
Y es que en todo este proceso está sembrado de actuaciones sorprendentes. Hay que recordar la espantada de Caixa Girona, cuando estaba a punto de firmar el protocolo de fusión con Caixa Terrasa, Caixa Manlleu y Caixa Sabadell. Era la segunda vez que abortaba la operación y ni las advertencias del Banco de España ni las de la Generalitat han arrancado de la caja otro compromiso de futuro que no sea un raquítico recorte de sucursales para el próximo año.
¿Se libran las entidades que no piden ayudas y se agrupan en torno a un sip de la titubeante actuación del Banco de España o de las presiones políticas? Pues no. Si hay algo presente hasta en la sopa es la intromisión política. A uno de los compañeros de la CAN en Banca Cívica, Caja Burgos, le costó Dios y ayuda escabullirse de la presión de la Junta de Castilla y León, que amenazaba con abrir expedientes disciplinarios a toda la directiva si no se integraba con Caja España y Caja Duero.
La burgalesa pudo finalmente unirse a Banca Cívica porque le prometió a la Junta que la si estaría abierta a Caja Ávila y Caja Segovia.
Quien también se encontró más obstáculos de los previstos fue la balear Sa Nostra, que tuvo que abandonar el proyecto anterior por la oposición del Ejecutivo de las islas.
¿Quién manda en el proceso de las cajas? El sector asegura que desde luego no el Banco de España.
Y mientras tanto, los bancos, que sufren en carne bursátil propia las dificultades de sus rivales, no cesan de reclamar más celeridad al gobernador. Si finalmente Miguel Ángel Fernández Ordóñez toma las riendas, constituye la gran incógnita del sector.
Almunia apoya las fusiones de las cajas
