La Asociación de Internautas y los operadores de telecomunicaciones han expresado su preocupación por las competencias que otorgaría la reforma de la ley de Internet a las Gestoras de Derechos de Autor. Si pasa todos los trámites legales, éstas podrían exigir a los proveedores de Internet que bloqueen determinados contenidos y que controlen las transferencias de archivos entre usuarios (P2P).
La Asociación de Internautas ha indicado que el Anteproyecto de ley que reforma la Ley de Internet -pendiente de ser aprobada en el Consejo de Ministros y, posteriormente, en el Congreso- "obliga a los prestadores de servicios a retirar contenidos 'presuntamente ilícitos' a solicitud de la SGAE y sociedades análogas".
Esta asociación señala que la medida no sólo alcanzará a las distribuciones presuntamente no autorizadas efectuadas desde portales sino que se extiende a los ordenadores de particulares, al tráfico P2P.
Restricción de libertades
La Asociación de Internautas señala que el informe del Consejo de Estado advierte que el anteproyecto representa "una restricción de la libertad de uso de Internet" y que también resalta que a pesar de los cambios que suponen este anteproyecto no ha sido consultado ni con las asociaciones de usuarios, ni con el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la sociedad de La Información.
Fuentes del sector de las telecomunicaciones han señalado que esta reforma se ha incluido "con total ocultación", una vez que se disponía del dictamen del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y tras la primera lectura por el Consejo de Ministros.
Policías online
Las mismas fuentes aseguran que el anteproyecto convierte a los prestadores del servicio de Internet en "arbitro o juez en una contienda en la que nada tiene que ver" ya que el hecho de prestar estos servicios o de dar alojamiento de contenidos "no puede servir para obligar a ser el policía de la red o acusar a sus propios clientes de las ilicitudes que otros digan que realizan".
También han destacado el importante papel que adquirirán estas sociedades gestoras que podrán acreditar la presunta vulneración de los derechos de autor mediante la simple muestra representativa de diez obras o prestaciones cuyos derechos de propiedad intelectual se han vulnerado.
