Francia nos ha cobrado 630 millones por albergar nuestros residuos, pero el contrato se termina a final de año y habrá que pagar una multa de unos 60.000 euros al día, lo que supondré no menos de otros 68 millones de euros.
¡Vale ya de estupideces! La pirotecnia mediática unida a la demagogia política han convertido el almacén temporal de residuos nucleares (ATC) en un cementerio nuclear, cuando lo que realmente es un cementerio de dinero público.
Con todo el ruido que se ha armado, no se están escuchando algunos datos. Los residuos nucleares producidos por la central nuclear de la extinta Vandellós I nos han costado hasta el momento la friolera de 630 millones de euros. Esto se debe a la decisión de enviarlos al almacenamiento en Francia (central de procesamiento de Le Hague) en vez de ubicarlo en territorio nacional como exige la normativa internacional sobre tratamiento de residuos nucleares.
Aquella decisión fue adoptada por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez en los años 70, en plena transición política hacia la democracia. Tal decisión estaba justificada ante la bronca que existía en España sobre las nucleares, que se relacionaban con el franquismo, lo que llevaría al cierre de Lemóniz tras el asesinato por ETA del ingeniero Rian.
A Francia le convenía aceptar los residuos por dos razones. La primera porque los reutilizaba para la obtención de plutonio para sus planes militares, y la segunda porque era la condición para que el Gobierno le autorizara la construcción de Vandellós I.
Desde entonces se acordó que a partir del 1 de enero de 2011 los residuos regresarían a España una vez tratados, por lo que era necesario construir un almacén (ATC). Lógicamente tenía que estar ubicado muy cerca de la frontera francesa para facilitar el transporte.
González estudió su construcción
Años después fue el Gobierno de Felipe González quien se planteó construirlo. Se barajaron dos hipótesis, un almacén pequeño para recibir las 14.000 toneladas de residuos procedentes de Francia o aprovechar la ocasión para hacer un gran almacén que albergara los residuos de todas las centrales españolas. Después de un meticuloso trabajo se optó por la construcción de uno en lugar de tener 19 dispersos por la geografía nacional. La razón es que era dos veces y media más barato.
Desde el punto de vista de seguridad se consideró que era más conveniente que los residuos estuvieran bajo la custodia de una empresa pública como Enresa que en manos de las empresas que explotaban cada central. Además, en estos últimos 30 años las centrales han seguido generando residuos y los almacenes locales están prácticamente saturados, incluso aunque se decidiera cerrar los 9 grupos nucleares existentes seguiría siendo imprescindible la existencia de un ATC, dado que los residuos no desaparecen y tienen que estar vigilados.
La decisión de construir un ATC suponía una enorme bronca política para elegir su ubicación. De hecho, ningún presidente ha querido mojarse. Ni Leopoldo Calvo Sotelo, ni Felipe González, que fue quien lo planteó. José María Aznar decidió mirar para otro lado y cuando llegó José Luis Rodríguez Zapatero se encontró con la tostada.
68 millones de multa
Esos residuos tendrán que volver a España a partir del 1 de enero de 2011, tal y como está estipulado en el contrato firmado hace 30 años con Francia. Como no tenemos almacén donde situarlos tendremos que pagar una multa de 60.000 euros diarios hasta que nos los traigamos. El embajador de Francia en Madrid, Bruno Delaye nos decía que se había llegado a un acuerdo con el Gobierno español para que los residuos nucleares llegaran a España en el 2014. Eso sí, tras el pago de las correspondientes indemnizaciones estipuladas. Es decir, que esta broma nos costará como mínimo otros 68 millones de euros, que se sumarán a los gastos que ya hemos satisfecho a los franceses por no querer tener los residuos de Vandellós I en nuestro territorio.
Pero esto no importa, no forma parte del jolgorio nacional donde lo importante es parecer más ecologista que el contrario. El destino que se da al dinero público no es importante, porque al fin y al cabo no lo pagan los políticos sino los contribuyentes y éstos no se enteran de la misa la mitad.
Es inconcebible que la construcción de un almacén de residuos nucleares no se haya planteado hasta el momento en que vence el plazo de la repatriación de los residuos.
Fue José Montilla cuando era ministro de Industria quien decidió aprobar la construcción del ATC. Consultó al Parlamento en 2004 y todos los grupos parlamentarios por unanimidad votaron una proposición no de ley para que se construyera el almacén nuclear. No se hizo. Cuando se iba a empezar Montilla se fue a la Generalitat de Cataluña y su sustituto el señor Clos argumentó que había sido alcalde de Barcelona y no quería tener líos con sus colegas y lo paró. Después llegó Miguel Sebastián y no quería enfrentarse, con la que estaba cayendo, con un presidente de Gobierno que era el más antinuclear del gabinete, como a él mismo le gusta decir. ¡Hasta cerró Garoña! Y mientras tanto, el contador francés seguía corriendo. Eso es lo que yo llamo malversar los fondos públicos.
El pago vía tarifa eléctrica
Pero también hay que tener en cuenta que esta cantidad que se abona y se abonará a Francia por albergar nuestros residuos se cubren mediante la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) con un fondo que en realidad procede de la tarifa eléctrica que pagamos todos los consumidores.
Para empezar el pueblo elegido contará con una inversión de 700 millones de euros para la construcción del ATC en cinco años, además de otros 6 millones de euros al año de forma directa para ayuntamiento del lugar. Hay que destacar, que las localidades cercanas se llevarán la mitad del dinero que se reparta, de ahí que algunas regiones estaban a favor de la presentación de estos municipios por su cercanía, aunque no querían presentarse como interesado.
Pero las ventajas también se extenderán hacía la población en términos de empleo. Para la construcción de las instalaciones se estima un promedio diario de unos 300 trabajadores durante los cinco años de la primera etapa, con algún pico de hasta 500 trabajadores.
Además y según la estrategia del Ministerio de Industria para este almacén, el ATC supone una reducción del sistema en el coste del sistema global de gestión de residuos de alta actividad frente a la opción de almacenamiento en cada central, como son en la actualidad las piscinas de cada planta que están al borde de su saturación.
Once candidatos al almacén nuclear
