Pasar por un árbitro en vez de un juez resulta rentable en términos de dinero y tiempo, según Javier Íscar, secretario general de la Asociación Europea de Arbitraje.
El secretario general de la Asociación Europea de Arbitraje (Aeade), Javier Íscar, nos cuenta que si se generalizase el arbitraje en nuestro país se podría evitar la mayoría de los 25.000 desahucios judiciales que se tramitaron el año pasado. Si esa cifra la multiplicamos por los 1.000 euros de media de diferencia entre arbitrar o pasar por la Justicia, el ahorro de dinero y recursos resulta evidente. Desde Aeade se fomentan y gestionan estos procedimientos desde hace una década.
P ¿Goza de las mismas garantías un proceso de arbitraje que uno judicial?
R Efectivamente. El arbitraje, de hecho y en numerosas sentencias, ya ha sido tildado por el Tribunal Constitucional como equivalente jurisdiccional al proceso estatal, lo que lo coloca al nivel del proceso judicial. Contra la resolución que dicta el árbitro experto, el laudo, no cabe recurso alguno al ser firme.
P Justicia lenta e ineficaz son los argumentos que se utilizan cuando se defiende el arbitraje, ¿en qué medida se acortan los plazos?
R El arbitraje, ahorra, en términos de tiempo una media de cinco meses, dado que los laudos se dictan en un mes de media y las sentencias judiciales en España se extienden a los seis meses de media. Hay juzgados que tardan dos meses y otros más de 18. Esta falta de uniformidad en tiempos desconcierta al ciudadano. Es posible que un mismo juzgado, de hecho, tarde cuatro meses más o menos del plazo correspondiente en función del funcionario que lo tramite.
P Esto supongo que tiene su equivalente en ahorro de dinero, ¿no?
R En términos económicos, hay que considerar dos aspectos. Por un lado, tener la posesión de su inmueble seis meses antes, siendo la renta media mensual en España de 600 euros, representaría un ahorro de 3.600 euros. Si lo multiplicamos por los 25.000 desahucios judiciales que ha habido en España en 2008, estamos hablando de un ahorro para los arrendadores de 90 millones de euros cada año. El segundo aspecto que hay que considerar es que acudir al Juzgado exige abogado, 1.500 euros de media, y procurador, 450 euros de media, mientras que acudir al arbitraje no exige en principio ni abogado ni procurador, siendo el coste medio de 500 euros. Es decir, aproximadamente 1.000 euros menos por procedimiento.
P ¿Qué medidas se podrían implantar para aumentar el parque de alquileres en nuestro país?
R Debemos valorar muy positivamente la intención del legislador y de todos los partidos de seguir empujando a favor del alquiler porque es una opción más que válida tanto en tiempos de bonanza económica como en situaciones de crisis. A pesar de ello, creo que el cambio de legislación es, sinceramente, el árbol que no deja ver el bosque. El mercado del alquiler no necesita un cambio legislativo cada año, lo hizo Trujillo, lo intentó Chacón y lo ha repetido Corredor, sino que exige medidas de fomento de la oferta porque demanda siempre habrá.
P ¿Y qué hace el arbitraje en pro del alquiler?
R Los arrendadores piden dos cosas básicamente: seguridad jurídica, es decir, que si hay incumplimiento que se resuelva cuanto antes y no se eternice y garantías de cobro de rentas y seguros. Dos cuestiones que fomenta el arbitraje, eso sí, si se hace correctamente, utilizando la modalidad del derecho. No hay peor enemigo del arbitraje que el mal arbitraje.
