El último movimiento en el culebrón del grupo alimentario SOS lo ha protagonizado Caja Madrid, que según informaron fuentes de la entidad, exigirá responsabilidades legales a los miembros del consejo de SOS (cajas y consejeros independientes) por la falta de información en la concesión del crédito de 212 millones al ex presidente.
La demanda de la entidad madrileña, poseedora del 10,5% del capital de SOS, irá dirigida a todos aquellos que aprobaron la concesión de dicho crédito sin consultar y revisar los detalles del mismo. No se descarta por tanto una nueva guerra interna entre las cajas y los miembros del consejo, que podría entorpecer y bloquear las futuras decisiones del consejo de administración de la compañía alimentaria.
Caja Madrid entró en el capital de SOS en enero de este año, tras una ampliación de capital que suscribió de forma unilateral por 250 millones a 9,25 euros por acción. El objetivo de SOS era la búsqueda de liquidez para afrontar la deuda generada por la compra de la italiana Bertolli por algo más de 650 millones.
En la actualidad, la caja que preside Miguel Blesa acumula unas minusvalías que alcanzan el 63%, ya que los títulos de SOS (3,52 euros) se han ido debilitando por los conflictos internos de la propia compañía y la mala situación del mercado financiero.
Recuperar el dinero
Pero esta lucha interna mantiene además otros frentes abiertos. Según avanzó este periódico el pasado 13 de mayo, algunos miembros del grupo está planteándose emprender acciones legales contra los hermanos Salazar, con el fin de que devuelvan al menos una parte del crédito que se concedieron para la supuesta entrada de un fondo libio en el accionariado del grupo, operación que finalmente se truncó.
El ex presidente de SOS consiguió el pasado 27 de febrero que la compañía articulara la disposición de los 212 millones como un crédito, aportando como garantías sus propias acciones, pero el consejo revocó esa decisión el pasado 30 de abril, con lo que Salazar no cuenta ahora con ningún tipo de aval.
El consejo considera que tiene el deber de defender a la sociedad y, aunque ya ha realizado una provisión por importe de 190 millones de euros, va a pelear hasta el final por recuperar el montante posible.