Madrid, 21 dic (EFECOM).- El Pleno del Congreso aprobó hoy el proyecto de ley del Estatuto Básico del Empleado Público con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, y lo remitió a la Cámara Alta donde continuará su tramitación parlamentaria.
En el texto se incluyeron además una veintena de enmiendas, entre las que destaca la que permitirá que los salarios se vinculen a la productividad y que se pueda mover de su puesto de trabajo a aquellos funcionarios que incumplan con su labor profesional.
Asimismo, se incluirán en la ley las medidas recogidas en la nueva Ley de Igualdad, como el reconocimiento de quince días de permiso de paternidad y se incluirá el derecho a la jubilación parcial para los empleados públicos mayores de sesenta años, así como a los trienios para el personal interino.
Gracias a las enmiendas aprobadas, también se reconoce la existencia de posibles casos de acoso moral en los centros de trabajo públicos, que serán equiparados a los de acoso sexual, y se establece que la movilidad forzosa con cambios de residencia se limitará a "motivos excepcionales".
Otras de las enmiendas obligan a la ejecución de la oferta pública de empleo en tres años y permiten a las comunidades autónomas fijar la cuantía de las retribuciones complementarias de los empleados públicos.
Durante el debate en el Pleno, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, afirmó que esta norma supone "un antes y un después" para la administración pública, ya que la modernizará e introducirá mejoras que permitirán a los funcionarios ser "más profesionales e independientes" y estar "mejor retribuidos".
Recordó que el Estatuto regula el derecho a la negociación colectiva, nuevos modelos de promoción profesional, mejora las normas de acceso y la formación, e incluye medidas para reducir la temporalidad.
No obstante, el portavoz del PP, Julio Padilla, criticó duramente la norma y denunció que con ella el Gobierno "ha dimitido de su obligación de regular lo que la Constitución le marcaba" y le recomendó que "si no es capaz de ocuparse de sus responsabilidades, deje las cosas como están".
Advirtió además de que al aprobar la ley "sin consenso", el Estatuto tiene "fecha de caducidad".
Los demás grupos parlamentarios apoyaron, con reservas, la aprobación de la norma.
Desde el Grupo Mixto, Francisco Rodríguez afirmó que el Estatuto es una ley "de bases" que respeta "en parte" las competencias autonómicas y alabó que acaba con las discriminaciones "históricas" de algunos colectivos.
La portavoz de IU-ICV, Isaura Navarro, demandó una reforma de la función pública "profunda" y criticó algunos aspectos del Estatuto, como que se cree la figura del personal directivo y que no se adecúe al personal laboral con el funcionario.
Este aspecto también fue censurado por el portavoz del PNV, Emilio Olabarria, quien, pese a valorar la ley, denunció que no respeta "completamente" las competencias autonómicas.
Por su parte, el portavoz de ERC, Jordi Ramón, mostró su apoyo al texto pero consideró que faltan aspectos "importantes", como un mayor respeto de las competencias de Cataluña y las "excesivas ataduras" en el ámbito retributivo.
Jordi Jané, de CiU, valoró la norma y se mostró satisfecho porque la ley tendrá en cuenta en su desarrollo "que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas", mientras que la portavoz del PSOE, Elisenda Malaret, elogió "el claro y neto avance" que supone la aprobación del Estatuto, "que modernizará las administraciones públicas". EFECOM
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