Son muy pocos los que opinan como la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega que aseguró, nada más aprobarse el proyecto de ley sobre la financiación de la televisión pública, que "tanto las televisiones privadas como las telecos van a beneficiarse con esta medida".
La iniciativa pretende suprimir definitivamente la publicidad de TVE y cambiar la financiación de la televisión pública. De esta forma, tanto televisiones privadas como operadoras de telecomunicaciones y consumidores, a través de impuestos indirectos, financiarán TVE junto con los Presupuestos Generales del Estado.
Consciente de la oposición que ha despertado la iniciativa, de la Vega aseguró que "las operadoras son muy libres de actuar como quieran contra la tasa, ya que es una medida razonable y no parece que se pueda entender que lo que se paga en unos países por las telecos no se pueda pagar en España". Sin embargo, las reacciones contrarias al proyecto no tardaron en llegar.
Las operadoras de telecomunicaciones asociadas en Redtel calificaron de "ilegal" el anteproyecto de Ley y la nueva carga fiscal como "dañina, ilegal, desproporcionada e injusta". Precisamente por ello, no descartan emprender acciones legales, tanto en España como en Bruselas, ya que es un impuesto que "choca con la legislación comunitaria". De la Vega contestó a esas acusaciones con una sonrisa y un "está en línea con la constitución". Sin embargo, las operadoras francesas, cuyo gobierno aprobó una medida similar, ya han recurrido a los tribunales nacionales y europeos.
Redtel también indicó que "en ningún caso nos vamos a beneficiar, puesto que nuestros servicios audiovisuales no se emiten en abierto financiados por publicidad, sino bajo un régimen de pago". Además, recordaron que las telecos ya pagan una tasa por el uso del espectro radioeléctrico, de cuyos ingresos totales se destinará un 80 por ciento a la financiación de TVE, y a esa cantidad se añade el 0,9 por ciento de los ingresos del sector. En total, las telecos financiarán casi el 50 por ciento de la televisión pública con unos 600 millones.
Las patronales tecnológicas Aetic y Asimelec también mostraron su descontento con la medida adoptada y la calificaron como "arbitraria" y "despropósito". Martín Pérez, presidente de Asimelec, dijo que la patronal luchará por la defensa de los intereses del sector a lo largo de todo el trámite parlamentario, incluso con la interposición de un recurso jurídico en los tribunales. En el mismo tono se manifestó Jesús Banegas, presidente de Aetic, que ya pronosticó "subida de precios, despidos o freno a la contratación y las inversiones" como consecuencias directas de esta medida que "asfixia a un sector en el que la mayoría de las empresas están en pérdidas".
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