De los 10,7 millones de viviendas en edificios residenciales de tres o más plantas que tenemos en España, 4 millones todavía no tienen ascensor, ni salva-escaleras, ni rampas que faciliten el acceso a la vivienda, según las cifras publicadas en el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE). Más noticias en la revista gratuita elEconomista Inmobiliaria
Esto quiere decir que millones de personas mayores, con alguna dependencia o discapacidad física, o, dicho de otra manera, nuestros padres, abuelos, hermanos, nosotros mismos, estamos detrás de estas cifras.
La normativa actual, tanto la propiamente dicha de accesibilidad, Real Decreto Legislativo 1/2013 como la que la trata transversalmente, Ley 8/2013 (Ley de rehabilitación, renovación y regeneración urbanas), definen y obligan a realizar ajustes razonables de accesibilidad en edificios existentes antes del 4 de diciembre de 2017.
Plazo de diez meses
Nos quedan 10 meses para que los edificios de vivienda colectiva sean accesibles y será el 4 de diciembre cuando tendremos que analizar si el objetivo se ha cumplido o, por el contrario, tenemos que cambiar algunas cosas para superar la realidad: mayor información sobre el cumplimiento de la legalidad y sobre las ayudas públicas; solidaridad de todos los propietarios para con sus convecinos que disponen de incentivos; mayor agilidad de las Administraciones Públicas para convocar, resolver expedientes e impulsar los acuerdos de las comunidades de propietarios; que los ayuntamientos tramiten las licencias de obras con mayor agilidad y constituyan departamentos especializados en rehabilitación edificatoria, campañas de sensibilización y en paralelo de inspección/sanción cuando no se cumpla con la obligatoriedad; y todo ello dentro de un marco de un sector de rehabilitación cada vez más profesional y especializado.
"A mi juicio, todos los actores implicados debemos continuar y preguntarnos qué necesita el sector de la rehabilitación para desempeñar un buen papel, lo mismo que nos plantearon en la CEOE cuando el Gobierno de España diseñó de manera participativa la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación. Qué papel tienen los administradores de fincas para ganarse la credibilidad de sus administrados, qué papel tienen las empresas, los profesionales técnicos del sector y las entidades financieras. Pienso que la rehabilitación en nuestro país necesita potenciar la figura del gestor de la rehabilitación, una figura cuya función consiste en la gestión integrada de la multitud de actividades, profesionales y empresas que precisa la rehabilitación edificatoria", afirma Mariam Martín Ferreiro, presidenta de la empresa AGREE (Agencia de Rehabilitación y Eficiencia Energética).
ACR Grupo lleva años apostando por la rehabilitación y la regeneración urbana. "Nos parece que es algo totalmente necesario, más viendo la antigüedad y estado del parque de viviendas de muchas ciudades, y especialmente de aquellas zonas que son más antiguas pero que cuentan con una ubicación muy buena, dentro de las almendras centrales. Sin embargo, vemos que queda mucho por hacer", afirma Ignacio Luengo, director del Área de Rehabilitación de ACR Grupo.
"Una vez más parece que las Administraciones quieren dar ese impulso, pero no lo hacen de manera completa. Por ejemplo, la Ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, matiza algunos ajustes y en su artículo 2, apartado 4, explica que se entenderá que la carga es desproporcionada en los edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal, cuando el coste de las obras repercutido anualmente, y descontando las ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. Por lo tanto, se da un paso, pero no completo en este sentido. Vemos que se avanza desde la denominación de es "lujo" a "derecho", pero por el contrario se da un ajuste razonable que no puede ser superior a 12 mensualidades de gastos comunes, lo que es una cifra realmente baja según qué actuaciones sean necesarias", asegura Ignacio Luengo.
Accesibilidad
Está claro que la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social tiene como fecha límite el 4 de diciembre de 2017, para que todos los productos, bienes, entornos y servicios sean accesibles, con arreglo a las condiciones básicas de no discriminación y accesibilidad universal pero desde Ciudadanos, Bosco Labrado, presidente de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, afirma que "no basta con la rehabilitación de edificios, que también es necesaria, sino que hay que bajar a la calle, poder desplazarse y llegar a un destino. La accesibilidad es una condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, y deben ser practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, y de la forma más autónoma y natural posible. Por lo que el primer error al hablar de urbanismo accesible con fecha límite es focalizarla o limitarla a la accesibilidad a edificios, ya sean públicos o privados".
"Desde nuestra posición minoritaria en el Ayuntamiento de Madrid, vamos a tratar que 2017 suponga la exigencia y fiscalización a este Ayuntamiento de una estrategia, un modelo y un planeamiento sincero alejado de mantras ideológicos. Mantras, que redundan en la gestión y tramitación de ayudas económicas públicas destinadas a la accesibilidad, y que vemos cómo tristemente son incapaces de tramitarlas y ser ejecutadas correctamente", apunta el portavoz de Ciudadanos, Bosco Labrado.
Para intentar impulsar la rehabilitación y hacer ciudad, ACR Grupo ha puesto en marcha el Plan Regenera, un proyecto pionero a nivel nacional en Pamplona, en una ciudad que cumple a la perfección con este perfil de ciudad con grandes zonas de viviendas antiguas que necesitan una regeneración.
"Se trata de una iniciativa que por un lado busca ofrecer a los ciudadanos información sobre los beneficios y ventajas que conlleva la rehabilitación energética. Hemos puesto en marcha una oficina técnica en la que profesionales de ACR, de manera gratuita, ofrecen información a todos aquellos ciudadanos que lo soliciten. Por otro lado, ofrecemos un servicio global a aquellos que quieren realizar una rehabilitación energética de su edificio, desde la gestión de las posibles ayudas a la selección de las mejores soluciones o el diseño completo del proyecto. Y además el plan Regenera integra cuestiones referentes a las mejoras de las condiciones de la accesibilidad", afirma Ignacio Luengo.
Por otro lado, la promotora Víveme, a través de su empresa Agree, actúa como gestor especializado para asesorar e informar a los propietarios de vivienda sobre las alternativas para llevar a cabo que más interese a la comunidad. Agree es un gestor cualificado que facilita la transparencia y la participación de todos los copropietarios, actúa pensando en alcanzar las mejores condiciones de calidad, precio y servicio para las comunidades de propietarios. "Entendimos que el sector inmobiliario debía reciclarse, innovar y ganar credibilidad ante los propietarios de vivienda colectiva, ofreciéndoles un servicio eficiente y transparente, que optimizara al máximo sus inversiones, y garantizase el cumplimiento de lo pactado desde el inicio. De ahí surgió la idea de prestarles servicios desde su propia posición, actuando en cumplimiento de sus intereses y velando por su inversión; esa es nuestra principal obligación contractual. Somos su adjunto para la gestión compleja de la rehabilitación", concluye Mariam Martín.
