España es un país netamente exportador en materia agroalimentaria, por lo que la apertura de un mercado de 300 millones de potenciales consumidores que afrece la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, más conocida por sus siglas en inglés TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) es a priori muy apetecible para nuestros productores, especialmente en sectores como las frutas y hortalizas, el vino o el aceite. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Agro
Pero también abrirá las puertas del mercado europeo a un gigante agroganadero que cuenta con importantes ventajas competitivas gracias a un sistema de producción mucho más permisivo que el europeo.
Es precisamente en la disparidad de los modelos productivos, con diferencias claves marcadas por la utilización en Estados Unidos de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) o el uso de hormonas de crecimiento en la alimentación animal, donde las líneas rojas adquieren tintes de alarma.
Más allá de lo que esto supone desde el punto de vista de la calidad y la seguridad alimentaria para los ciudadanos, las diferencias entre Europa y Estados Unidos suponen una clara desventaja para sectores ganaderos españoles, y por extensión europeos, como los de carne de vacuno, de cerdo y de pollo, los huevos o la leche, que ven incrementados sus costes regulatorios.
Por ejemplo, la utilización de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) para la producción de materias primas destinadas a la alimentación animal, generalizada en EEUU, incrementa su productividad al menos un 15%, además de reducir los costes en fitosanitarios, herbicidas o laboreo.
La UE tampoco permite utilizar promotores de crecimiento -hormonas, antibióticos y otros- en producción animal, que mejora la producción de Estados Unidos entre un 15-20% en vacuno, mientras que en producción de carne de cerdo el coste se reduce 2 euros/100 kg de carne producida y en carne de pollo, unos 0,8 céntimos de euro/kg de peso vivo.
La Unión Europea no permite la utilización de la hormona somatotropina bovina (BST), que potencia la producción láctea incrementando de media un 16% la producción en EEUU, o el empleo de subproductos de origen animal en la alimentación de animales de consumo, mientras que en EEUU están autorizados, lo que reduce un 2% el coste del pienso compuesto.
Otro ejemplo, en Europa, los ganaderos están obligados a contratar la gestión de lo s subproductos de origen animal con un coste que, en el caso de la carne de cerdo y vacuno, alcanza los 1,8 euros/100 kg de carne y por vaca nodriza 23 euros en concepto de retirada de cadáveres.
Pérdidas de 1.700 millones
Estos factores, junto a las regulaciones europeas en medio ambiente y bienestar animal, provocarían pérdidas de 1.700 millones en la ganadería: 273 millones en el sector del huevo; 375 en el vacuno de carne; 627 millones en el porcino, 233 en el sector del pollo y 204 en el de leche de vaca.
Mar Fernández Poza, directora de la Interprofesional del Huevo (Inprovo), asegura que esas diferencias de costes "dejaría al sector fuera de juego en cuanto a competitividad" en el momento en el que se reduzcan los aranceles, que ahora mitigan en parte el desfase entre producir aquí o en Estados Unidos, de en torno a un 60% más caro en el caso europeo.
La responsable de Inprovo defiende "hacer antes una regulación común y luego abrir los mercados". Ahora mismo, según explica, las dos partes no han querido entrar en los modelos, dando los dos por buenos, "pero eso es algo que nos parte en dos, porque las diferencias de costes son muy grandes".
"Nosotros podemos producir como ellos, pero el modelo de seguridad alimentaria de la UE es una demanda social, y si ahora no sirve para impedir la entrada de productos que no lo cumplen hemos hecho un flaco favor a los ganaderos que se han puesto las pilas durante muchos años con muchas inversiones. Además, hay que tener en cuenta que ellos por su mayor acceso a las materias primas o por las grandes dimensiones de sus explotaciones ya son más competitivos", afirma.
"No habrá liberalización total"
Gabriel Tranzados, técnico de Asuntos para la UE e Internacional de Cooperativas Agro-Alimentarias, coincide en que en el caso de la ganadería "hay un riesgo real" y "hay que pelear" en la negociaciones, aunque matiza que "la CE ya ha dicho por activa y por pasiva que no se va a producir una liberalización total, sino del 90 al 93%, lo que dejará un margen para establecer productos sensibles en contingentes de importación".
Defiende también que se tiene que respetar el modelo productivo de cada una de las partes, "pero eso está recogido en el mandato dado a la CE para negociar" por lo que aventura que "en principio cualquier producto comercializado en Estados Unidos o en Europa deberán cumplir con los requisitos del modelo productivo porque eso no está en la negociación. Es decir, una carne con hormona no podrá comercializarse en la UE".
De cualquier manera, advirte que no firmar el TTIP no acabaría con todos los peligros para la ganadería europea. "Estados Unidos acaba de acordar el Tratado Traspacífico con países sudamericanos y asiáticos, mercados naturales de exportación para los ganaderos europeos y dentro de unos años todo lo que sale de la Unión Europea hacia allí va a contar con una competencia mayor de los productos americanos, que pueden entrar con más ventajas".
Trenzados apunta otra de las líneas rojas en el acuerdo. La supresión de los aranceles, principal objetivo de un acuerdo de libre comercio, no es lo más importante para Europa en el TTIP, ya que existen otras barreras que hacen muy difícil el acceso de nuestro productor al gigante norteamericano.
"Si al final se va a hacer un acuerdo suave, que es lo que quiere Estados Unidos, que afecte sólo a los aranceles sin tener en cuenta las cuestiones no comerciales -protocolos de importación, barreras fitosanitarias y técnicas o burocracia-, entonces el acuerdo sería muy negativo".
Para aclararlo, explica que, ahora mismo, la Comisión Europea es competente a la hora de controlar la frontera comunitaria, pero a la hora de hacer valer los acuerdos en materia de exportaciones es cada Estado miembro el que tiene que ir acordando con las autoridades de destino un protocolo, que en el fondo es un nuevo acuerdo. "En el TTIP todas estas cuestiones deben estar cerradas desde el principio para que no ocurra como ahora y, por ejemplo, los cítricos tengan que seguir sometidos a un sistema de precleaner, que es que los inspectores norteamericanos tengan que venir a certificar cada explotación que quiera exportar o que solamente se pueda entrar al mercado norteamericano por un puerto".
Las barreras fitosanitarias también preocupan a la Federación Española de Productores de Frutas y Hortalizas (Fepex). El sector, que el pasado año exportó a Estados Unidos por valor de 75 millones de euros y es uno de los teóricamente más beneficiados por el acuerdo, defiende la creación de un procedimiento de aprobación único para las exportaciones de todos los países de la UE para que los importadores norteamericanos no puedan alegar, como ocurre ahora, problemas fitosanitarios para negar la entrada a los productos españoles. Fepex asegura que, aunque los últimos documentos conocidos establecen que "el importador debe aceptar las medidas de la parte exportadora si ésta demuestra que se alcanza el nivel de protección requerido, la decisión final descansa exclusivamente en la parte importadora de acuerdo con su marco administrativo y legislativo".
Otro de los aspectos polémico es el reconocimiento de las Denominaciones de Origen, algo que Gabriel Trenzados atribuye a diferentes "visiones políticas" porque los americanos consideran los sellos de calidad como una marca y si quieres defenderlo tienes que invertir. "Se está dando no solo en el TTIP, sino en todos los acuerdos que se negocian. Por ejemplo, en el firmado entre Canadá y la UE, el país americano ya ha aceptado defender unas 190 Denominaciones de Origen de la UE. Ésa sería una de las líneas rojas que la CE debería defender como estrategia a futuro".
