El difícil acceso a la tierra ha sido una de las grandes trabas apuntadas por los jóvenes a la hora de incorporarse a la actividad agraria o ganadera. Ahora, los análisis estadísticos lo confirman y reflejan una tendencia que, de continuar así complicará aún más el deseado rejuvenecimiento del sector, según refleja un exhaustivo informe elaborado por Carles Soler y Fernando Fernández y que ha sido coordinado por la Fundación Mundubat y Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Agro
El estudio, titulado Estructura de la Propiedad de las Tierras en España. Concentración y Acaparamiento, que fue presentado hace unos días en Madrid, analiza el decenio 1999-2009 para desvelar que al final de ese periodo sólo el 4,56% de los titulares de explotaciones agrarias eran menores de 35 años y apenas disponían del 6,64% de la superficie agraria disponible.
En ese decenio, el número de explotaciones agrarias se ha reducido un 23,2%. Así, se ha pasado de 1.289.451 a 989.796, es decir, se han perdido 82 al día. En paralelo, la superficie agraria disponible ha pasado de 26,15 millones de hectáreas a 23,75 -un 9,2% menos-, lo que equivale a una disminución de 2,4 millones de hectáreas, 695 al día.
Junto a la disminución de la superficie agraria disponible, en buena parte por fenómenos urbanísticos y la recalificación de los usos del suelo durante el boom urbanístico, el abandono de explotaciones está provocando un proceso de concentración de tierras. Así se ha pasado de una media de 20,73 hectáreas por explotación a 24,56, un 18% más.
Este fenómeno, sin embargo, no ha producido grandes cambios en la estructura de edad del envejecido campo español, en el que a finales de 2010 más del 25% de las explotaciones pertenecía a titulares con una edad superior a 65 años y más del 61% de más de 55 años, frente a un 4,65% de agricultores menores de 35 años.
El dato es aún más demoledor si lo trasladamos a la titularidad de la tierra, en la que el análisis estadístico del estudio revela que mientras los mayores de 55 años acaparaban el 51% de la superficie, el porcentaje se reducía a apenas un 6,64% para los jóvenes agricultores. Los mayores de 65 años mantienen en su poder el 25,10% de la superficie agrícola.
El precio de la tierra se dispara
La razón fundamental de esta inaccesibilidad es el precio de la tierra. El análisis de Carles Soler y Fernando Fernández revela que el precio de la tierra registró una tendencia ascendente sin precedentes desde la década de los 90 hasta el año 2008. La media en el valor por hectárea de labor en este último año fue de 10.974 euros, tras sufrir una revalorización que llegó hasta el 264,3 y 254,6% en Comunidades de Murcia y Madrid. A partir de ese año, y con el estallido de la burbuja inmobiliaria, los precios se estancaron y comenzaron una tendencia a la baja hasta situarse en 2012 en una media de 9.705 euros por hectárea. Pero el descenso no ha compensado ni mucho menos los incrementos acumulados.
De la fiebre por la compra de tierras de hace una década, no queda nada; el mercado está congelado, afirman los autores. Quienes poseen la tierra se agarran a ella como un valor seguro en tiempos de crisis y no venden. Otra razón es que quienes podrían optar a comprar terrenos, especialmente los agricultores jóvenes, no lo hacen debido a que el valor de las tierras en relación con su rentabilidad media no compensa. Eso sin tener en cuenta que comprar conlleva la obligación de llevar a cabo elevadas inversiones para disponer de una explotación viable y competitiva.
Pero el precio no es la única razón en la incorporación de jóvenes. Aunque el estudio señala que lo ideal cuando un agricultor se jubila sería que su explotación pasara a otro, a ser posible a alguien joven que pudiera continuar con la actividad, la realidad es que se tiende a reforzar la posición de los ya existentes. De hecho, las explotaciones que ganan en superficie agraria son las de entre 100 y 200 hectáreas.
Factores culturales
Así, hay factores culturales muy potentes, y es que en el mundo rural la tierra suele tener un valor patrimonial que va más allá de lo meramente económico, por lo cual raramente se transmite a personas ajenas a la familia. Así, cuando el titular de la explotación cesa y ningún otro familiar próximo se va a ocupar de ella, no suele ser fácil que sea reemplazado por otro agricultor joven ajeno a la familia, por lo que la entrada en el sector de jóvenes procedentes de un ámbito social y cultural diferente al agrario pasa por un escollo fundamental que es el proceso para hacerse con un pedazo de tierra, ya sea bajo la forma de alquiler, venta o cesión.
En estos casos, lo habitual es acordar un pacto con otro agricultor vecino para que trabaje esas tierras en régimen de arrendamiento o de aparcería. Hay varias modalidades para establecer este tipo de acuerdos, aunque en muchos casos el acuerdo suele ser bastante informal y consiste, simplemente, en que el propietario de la tierra sigue cobrando la PAC correspondiente, y el arrendatario se queda el beneficio íntegro obtenido de la comercialización de los cultivos. Esta situación explica que de los 933.000 perceptores de ayudas de la PAC en España, un 27% aproximadamente sean personas ya jubiladas.
El problema de los arrendamientos
Hay además factores legales: los contratos de arrendamiento -y de aparcería- generan unos derechos adquiridos en los arrendatarios. En caso de que el propietario quiera vender sus tierras, el arrendatario -o aparcero- tiene derecho de tanteo y retracto. Es decir, tiene derecho preferente a comprar la parcela en cuestión y, si hay otras ofertas, a igualarlas para quedarse con ella.
Ello supone un nuevo obstáculo a la incorporación de nuevos agricultores a la actividad agraria, puesto que los agricultores ya existentes tendrán mayores facilidades para acceder a las tierras de los que se van jubilando, mientras los que provienen de fuera del sector apenas tendrán opciones.
En tercer lugar, hay un factor económico: con frecuencia, antes de llegar a la cesión, arrendamiento o venta de las tierras, muchos de los agricultores jubilados pasan por otra fase: continúan trabajando la tierra ellos mismos, aunque sea parcialmente y, de esta manera, continúan con una actividad que tienen mucho de forma de vida, se sienten activos económicamente, y también les permite obtener mayores ingresos.
Como consecuencia de estas tendencias, resulta inevitable que unos pocos agricultores de cada término municipal vayan ocupando las tierras de sus vecinos jubilados, primero como arrendatarios, como contratados para tareas concretas, o simplemente mediante acuerdos informales, para más tarde, en caso de que la familia decida venderlas algún día, convertirse en sus propietarios reales gracias al derecho de tanteo y retracto, señala el informe.
