En el competitivo y salvaje entorno empresarial la cuenta de resultados manda. De hecho, en las multinacionales líderes los equipos directivos que no cumplen con los objetivos de negocio pasan a estar señalados por el Consejo de Administración, que les suele indicar rápidamente la puerta de salida.
Pero entre las pymes y los autónomos el nivel de exigencia es aún más alto, ya que tienen que luchar en un campo de batalla empresarial lleno de tramposos enemigos políticos, con la amenaza diaria del mortífero concurso de acreedores. Hay que recordar que la mayoría de negocios creados por los emprendedores españoles no llegan a cumplir los cinco años de vida. Para pymes y autónomos el objetivo es más sobrevivir que cumplir objetivos: mantenerse en el mercado se ha convertido en la principal meta.
Aunque el alto índice de mortalidad empresarial de España se debe, principalmente, a la existencia de un sistema político-económico parasitario, que esclaviza fiscal, laboral y burocráticamente a las pymes y a los autónomos, para sostener a una partitocracia corrupta e indeseable y a todas sus redes clientelares.
Fuente de financiación del Estado
Y ante la dictadura de los resultados, que tiene prisioneras tanto a las grandes empresas como a pymes y autónomos, ¿por qué a los dirigentes de las organizaciones que "supuestamente representan y defienden los derechos" de los autónomos no se les exige objetivos concretos? Tanto el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como en el actual de Mariano Rajoy han expoliado a los autónomos, usándolos como fuente de financiación.
Así, son muchos los autónomos que en España se pregunta si los dirigentes de las asociaciones de autónomos son los delegados y representantes del Gobierno de turno ante los autónomos. La mayoría piensa que estas asociaciones están fuertemente politizadas y, por ende, prestan vasallaje a los distintos ejecutivos, en lugar de defender los intereses del colectivo.
Realmente, hasta ahora los trabajadores por cuenta propia solo han conseguido "algunas migajas", como pueden ser la tarifa plana, que al final está resultando más beneficiosa para el Gobierno que para los pripios autónomos. Esto se debe a que ha permitido que aumente el número de autónomos dados de alta, incrementando la recaudación para las arcas públicas y reduciendo el desempleo; sin embargo, una vez terminado el periodo de duración de la citada tarifa, la mayoría se vuelven a dar de baja. La situación sería distinta si la tarifa plana se instaurase para toda la vida empresarial del trabajador.
Por ello, los autónomos necesitan unos representantes que atiendan a sus demandas tradicionales, que convenzan al Gobierno para convertir las mismas en derechos adquiridos. Entre las reclamaciones del colectivo se encuentran una reducción sustancial de impuestos, una rebaja de las cuotas sociales para hacerlas asumibles, un incremento de la pensión y de las prestaciones para equipararlas con los asalariados, etc.
Y todas estas exigencias serían transformables en resultados, pues en España existen unos 3 millones de autónomos, una fuerza socio-laboral y empresarial con suficiente capacidad para presionar a los poderes políticos y económicos.
Necesitan un lobby
Los autónomos necesitan un lobby que les represente debidamente y que defienda sus intereses ante el Gobierno de turno. Actualmente las asociaciones de autónomos no representan al colectivo. Al igual que pasa con los partidos tradicionales, que no representan a los ciudadanos; los sindicatos, que no representan a los trabajadores; o la CEOE-Cepyme, que no representa a las empresas.
La conclusión es que el corrupto sistema político y económico de España necesita un cambio radical, empezando por la supresión de las CCAA, y las asociaciones de autónomos no pueden permanecer ajenas a ese cambio.
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