En casi todas las sociedades desarrolladas se regulan medidas protectoras para evitar la extinción de especies en peligro. En la España de los brotes verdes se produce un retroceso, ya que se han aprobado una serie de medidas fiscales que, unidas a otros factores, posiblemente provocarán a medio plazo la desaparición de la clase media española. Más noticias en el suplemento gratuito elEconomista Gestión Empresarial
El discurso gubernamental para justificar esta gran reforma es la consecución de tres objetivos fundamentales: incentivar el ahorro, el fomento y crecimiento del consumo y la protección de la familia y el mecenazgo.
Para alcanzar tales objetivos, se reducen los tramos de tributación y los tipos mínimo y máximo, se incrementan los mínimos familiares, se crean nuevas deducciones para las familias numerosas, para descendientes y ascendientes discapacitados y se incrementa la deducción aplicable a los donativos hasta el 50% (75% en 2016).
Verdades a medias
Pero la práctica habitual de los sucesivos Gobiernos ha sido, y sigue siendo, una larga trayectoria de verdades a medias; se informa sobre los cambios en materia fiscal, de protección social, educación y sanidad de forma interesada, siendo noticia sólo los aspectos positivos de las reformas.
Un ejemplo de esta práctica es la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa aprobada en 2013. Esta norma contiene aspectos tan positivos como necesarios respecto a la educación de las futuras generaciones, pero reduce un curso escolar en la etapa de la ESO, ampliando en compensación a tres cursos el Bachillerato. Por supuesto, la consecuencia más importante de este cambio es que se priva a los estudiantes de todo un año de enseñanza obligatoria, pero además hay una consecuencia económica ya que los cursos subvencionados en los centros de educación concertada se limitan a la educación secundaria obligatoria, por tanto, las familias de clase media, usuarios mayoritarios de este tipo de centros escolares, deberán asumir el coste de un nuevo curso de Bachillerato sin el beneficio de subvención alguna.
En dicha política de verdades a medias es otro claro ejemplo en materia fiscal la nula referencia a la modificación de las bases de tributación que conlleva la tan aclamada reducción de tramos: el temido o deseado tipo marginal del 52% se transforma en un temible y cercano 45% para los trabajadores en etapa de madurez profesional, puesto que con la nueva escala este tipo se aplicará a rentas superiores a 60.000 euros -con la normativa anterior se aplicaba el tipo marginal a partir de 300.000 euros-.
Cara falsa de la moneda
En la última reforma fiscal se hace evidente la cara falsa de la moneda con las medidas relativas a la reducción de los límites de aportación a planes de pensiones, la supresión de la exención de los primeros 1.500 euros de rendimientos de capital, la supresión de los coeficientes de actualización del valor de adquisición de los inmuebles, la limitación en la aplicación de coeficientes de abatimiento, la supresión de la deducción por arrendamiento de vivienda, la tributación sin diferimiento de la venta de los derechos de suscripción y la prima de emisión.
Y se justifican tales medidas en el preámbulo de la Ley haciendo referencia al cumplimiento efectivo del mandato constitucional de contribución a los gastos públicos, es decir, aquellas medidas que suponen un perjuicio para la economía familiar tienen una elevada y loable justificación constitucional, mientras que aquellas teóricamente favorables al contribuyente se adoptan a fin de minorar su carga tributaria e incrementar la renta disponible. La paradoja planteada refleja una vez más el carácter embaucador en la presentación de la reforma .
En la práctica, se agudiza la desprotección de la clase media ya que la reducción de tipos afecta en mayor medida a las rentas más bajas y a las más altas, no a las rentas medias que se acercan peligrosamente al tipo marginal. A pesar del aumento de los mínimos familiares seguimos a la cola de Europa en protección familiar, las nuevas deducciones son aplicables a una minoría y la deducción incrementada se limita a donativos máximos de 150 euros.
Resulta sorprendente, por otra parte, la escasez de comentarios respecto al novedoso impuesto de salida (Exit Tax) introducido con esta reforma y en virtud del cual se presume la existencia de una ganancia patrimonial si un residente en España traslada su domicilio fiscal a otro país. La finalidad de esta medida no se expresa en el preámbulo de la Ley, pero podría tomarse como una prevención para evitar la fuga de capitales; no debemos olvidar situaciones como la polémica surgida en Francia con el actor Gerard Depardieu y su actitud de objetor fiscal ante la política fiscal aprobada en el país vecino y criticada ampliamente por su carácter confiscatorio.
Titulares de acciones
El impuesto de salida afecta a los titulares de acciones o participaciones cuyo valor sea superior a 4.000.000 de euros -1.000.000 si se alcanza el 25% de participación en el capital-, cifras que se encuentran lejos de las propias de una economía media, pero es una medida más que desincentiva la inversión en España y anula cualquier posible atractivo de emprender nuevos negocios en nuestro territorio. Una política fiscal que abandera medidas que castigan el movimiento de capitales en lugar de proteger los bienes de sus residentes e incentivar la entrada de nuevos inversores denota claramente una política cortoplacista marcada por el afán recaudatorio.
La clase media española lleva años sosteniendo un sistema de bienestar social, contribuyendo fielmente con su trabajo, sus impuestos y contribuciones sociales al mantenimiento de la sanidad, la educación y las pensiones públicas y con lo poco que sobra, al consumo, el ahorro y la inversión. Pero, las economías familiares, tras años de estancamiento económico y sacrificio, están agotadas: la capacidad de ahorro es casi nula y el consumo se restringe a gastos básicos y, por sabia decisión, a la educación de los hijos.
El Estado español, con una reforma no necesariamente fiscal, debería intentar salvaguardar las especies en peligro de extinción en lugar de componer y entonar su réquiem. En especial debería proteger a la rara avis que, como la callada clase media española, contribuye con su esfuerzo diario al sostenimiento del tan deslucido estado del bienestar.
María Aguirre Aldereguía, abogada fiscalista de DBT
IRPF: cambios a tener en cuenta
