Indignación y sorpresa. Estos dos calificativos resumen la posición de las asociaciones de empresarios ante la subida de las bases de cotización de los autónomos. El incremento, que adelantó el pasado 14 de octubre elEconomista, se traduce una subida de 5 euros mensuales a los autónomos persona física cotizantes por la base mínima.
Medida que no hubiese levantado ampollas de no haberse discriminado a la figura del autónomo societario y la de aquellos que tengan en plantilla diez o más trabajadores. En ambos casos deben equiparar sus bases de cotización a las del grupo uno del régimen general, es decir, la subida les obliga a un incremento de un 22% sobre la base, o lo que es lo mismo, cerca de 60 euros más al mes. La modificación afectará a las expectativa de crecimiento de las pymes para 2014.
Jesús Terciado, presidente de Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) afirma que "la medida es injustificada y resta competitividad a las empresas", posición que comparte con el presidente de los empresarios de Madrid (CEIM) y vicepresidente primero de la CEOE, Arturo Fernández, quien afirmó que "la subida va a frenar la creación de empleo y la recuperación económica". Terciado añadió que "el encarecimiento de las bases desmotivará el emprendedurismo y frenará la contratación de personal por parte de los pequeños y medianos empresarios".
Mucho ruido
Sin embargo, el mucho ruido de las asociaciones empresariales se convierte en pocas nueces si atendemos a la opinión que merece el decreto para los representantes de los autónomos. Sebastián Reyna, secretario general de Upta (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), denuncia que muchos de los trabajadores autónomos con diez o más empleados cotizan menos que sus asalariados y valora la medida como "razonable". Ricard Sánchez, representante de Pimec, realiza una valoración similar y considera que la subida de las bases de cotización "tiene una lógica de fondo que se corresponde con la voluntad acordada en el Pacto de Toledo de que los autónomos converjan con el resto de cotizantes", lo que en su opinión es positivo, aunque "el problema es que esta medida se toma en un momento en que, aunque parece que se ha tocado fondo, las empresas aún están batallando para sobrevivir".
Por otro lado, en el caso de los autónomos societarios, Reyna puntualiza que "se les ha ido la mano", ya que no se ha tenido en cuenta que muchos de ellos están al frente de sociedades unipersonales "por desconocimiento y a instancias de sus gestores". Apreciación que puntualiza Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) "entendemos que hay que equiparar el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con el régimen general, pero puede haber autónomos societarios que no tengan ingresos suficientes para hacer frente a esta subida".
Los gestores fiscales también han levantado la bandera roja. Adolfo Jiménez, presidente de Asefiget (Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios) insiste en el afán recaudatorio del Gobierno y afirma que "es una golfería a escondidas". Declaraciones que justifica en el "colapso enorme" que supone para su sector la emisión de nuevas nóminas, muchas de las cuales han quedado invalidadas y deberán volver a ser emitidas por importes inferiores.
Mejorar el sistema
El inesperado regalo navideño, se acompañaba de otra misiva "conceptos computables en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social". Por Real Decreto, las retribuciones en especie deben pasar por caja desde el 22 de diciembre. Vales de comida, transporte, guardería, etc... cambian el estatus de exentos al de obligada tributación. En palabras de Reyna "una verdadera barbaridad, que tiene relación directa con la reducción del déficit". El presidente de Asefiget explica que las empresas ya se han puesto a hacer números y que el alcance de la medida va más allá del frenazo a las nuevas contrataciones. "Algunas empresas nos han transmitido que el incremento que les supone cotizar por beneficios sociales equivale al coste de un trabajador".
Pero la "exigencia" unánime de los empresarios, que instan al Gobierno a retirar la medida y a mantener su compromiso de reducir las cotizaciones sociales, parece que quedará en agua de borrajas para el séquito de Rajoy. Tras las declaraciones del pasado jueves del secretario de Estado, Tomás Burgos, y la comparecencia de la ministra Bañez, no se muestran síntomas de una posible marcha atrás. Fuentes del propio Ministerio se "sorprenden" por las reacciones de la Ceoe y justifican la medida en una "mejora de las pensiones futuras y de las prestaciones por desempleo". Afirmación que es compartida por Comisiones Obreras (CCOO), que según consta en un documento al que ha tenido acceso elEconomista "de alguna forma se le da la razón a CCOO, que venía insistiendo en la necesidad de mejorar las fuentes de ingreso del sistema de seguridad social a la vista del déficit con el que se ha cerrado el pasado año".
Y aunque el sindicato no aplaude las formas se posiciona a favor del Gobierno, "la modificación tiene un impacto positivo sobre las prestaciones por desempleo y pensiones futuras, mejora las cotizaciones e incluye conceptos que anteriormente estaban fuera". Por su parte, el Sindicato de Técnicos del Ministetrio de Hacienda (Gestha), opina que el efecto recaudatorio de las cotizaciones sociales tendrá un "impacto relativo sobre las pymes".
¿Otro palo al trabajador?
