En un contexto como el actual cercano a la deflación, con el IPC español cayendo un 1,1% anual en diciembre, no puede dejar de chocar un incremento del recibo de luz, con visos de llegar al 10%, como el que se avecina en el primer trimestre de 2015. Esa evolución resulta más llamativa si se tiene en cuenta lo atípico que será este año, en la medida en que son varios los servicios públicos que mostrarán una congelación de precio por primera vez en la crisis.
La confusión puede incrementarse aún más considerando las sucesivas ocasiones en las que el Gobierno señaló la congelación del recibo de la luz como el principal beneficio del control del déficit de tarifa que, por fin, se logró en 2014. El Ejecutivo no mintió, ya que matizaba que su acción no alcanza más allá de la parte regulada del recibo (los peajes). El resto se encuentra sujeto a otros factores como es la producción procedente de fuentes renovables.
El año pasado, por estas fechas, el clima hizo que fuera inusualmente elevada y permitió que el precio en el mercado mayorista se situara en 36,6 euros por kilowatio, mientras ahora es de 42,04 y se mantendrá en los 44,2 euros de media el resto del trimestre. Los mismos factores que, hace un año, hicieron posible al Gobierno, quizá precipitadamente, sacar pecho por el abaratamiento de la luz ahora son los que impulsan una notable subida. No se trata de un fallo de la reforma energética; fuerzas como las mencionadas ya influían antes de su entrada en vigor y la reforma abre vías al consumidor, como el acceso al mercado libre energético, para compensarlas. Con todo, el ahorro potencial aún es bajo (40 euros al año) y conviene ahondar esa tendencia.
