La consulta soberanista catalana, aunque fuera en una versión devaluada, tuvo ayer lugar bajo una atmósfera de completa normalidad. Ése es el primer rasgo que merece destacarse después de los meses en que el enfrentamiento verbal de los partidarios y los detractores del 9-N ha sido la norma.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, fue sensato al aprovechar la vía que le brindó el propio Gobierno central para sacar las urnas a la calle sin violar la ley. Así, finalmente el grueso de la organización recayó en organizaciones ciudadanas y los cabos sueltos legales que quedan por aclarar, en especial el uso de locales propiedad del Ejecutivo catalán como colegios electorales, pueden abordarse más adelante, sin haber tenido que recurrir a opciones extremas como hubiera sido reclamar la intervención de la policía autonómica.
En el civismo demostrado por todos se encuentra el único logro auténtico que cabe extraer del 9-N, por mucho que sus organizadores busquen en las cifras de participación el verdadero éxito de la jornada. El alcance que cabe atribuir al hecho de que, según la Generalitat, más de dos millones de personas votaran es matizable desde varios puntos de vista.
El primero es de base: todo recuento de participación resulta discutible en un proceso en el que no hay interventores ni censo oficial. Es más, el documento que ha hecho las veces de registro de votantes ofrece argumentos de peso para poner coto al entusiasmo. No en vano 2,04 millones de participantes sobre 6,2 millones de votantes potenciales (fruto de sumar al censo electoral ordinario 900.000 extranjeros y la población de entre 16 y 18 años) arroja una tasa de participación de cerca del 33 por ciento. Ese porcentaje palidece ante los 84,6 puntos de un verdadero referéndum como fue el escocés. Pero también es un resultado humilde si se contrasta con los estándares electorales catalanes. Desde luego, está lejos del 76% de afluencia a las urnas que Cataluña registró en unas generales de tanta significación como las de 2004, tras los atentados del 11-M. La participación de ayer también se halla muy lejos del 69,5% propia de las últimas autonómicas en esta región (noviembre de 2012).
Es más, en aquel 25-N, los dos partidos soberanistas principales (CiU y ERC) sumaron más de 1,5 millones de votos. Precisamente, son 1,6 millones las personas que dieron el doble sí (Estado propio e independencia) en la consulta, lo que revela que es esa parte del electorado la que se ha movilizado. Poco ha cambiado en Cataluña desde 2012. Resulta innegable que el independentismo es fuerte. Ahora bien, para llegar a esa conclusión sobraba el 9-N; todas las últimas Diadas lo mostraron.
Lo que sí revela la consulta es que las posiciones secesionistas siguen sin ser mayoritarias; de hecho, los votantes que votaron sí-no y los que dieron el doble no suman un 15 por ciento, aun cuando la movilización de esta parte del electorado fue muy pequeña.
Por tanto, a lo máximo a que pueden aspirar los secesionistas es a una victoria, no por mayoría absoluta, formando coalición en unas autonómicas en las que no todos ganarían. De hecho, CDC (pues Unió podría desmarcarse) quedaría fagocitada por ERC. Ante este escenario, es al propio Mas a quien le conviene reforzar las negociaciones con Moncloa a partir de hoy mismo. Tampoco al presidente Rajoy le beneficia seguir confiando en que una mejoría económica, por sí sola, frenará el independentismo. Un acuerdo, con amplitud de miras hasta el punto de abarcar un cambio en el modelo territorial de España, es la vía para salir del atolladero.
