El hecho de que los partidos políticos tengan sus factorías de ideas es algo habitual en muchos países. Los problemas surgen cuando, como sucede en España, el sistema de financiación de estas fundaciones es opaco. Incluso cuando cabe sospechar que las ayudas que reciben se pueden convertir en una financiación sobreañadida a la que perciben oficialmente sus formaciones de referencia.
Tampoco se entiende que en un tiempo en que se ha tenido que proceder a dolorosos ajustes en el presupuesto pervivan las ayudas públicas a las fundaciones de los grupos políticos. Más cuando muchas de ellas se han visto envueltas en escándalos.
Es difícil obtener información completa y detallada sobre los ingresos y gastos de estas organizaciones. Los informes del Tribunal de Cuentas fiscalizan poco más de un 10% del gasto de las 26 fundaciones existentes ligadas a partidos. Faes (PP), Pablo Iglesias e Ideas (PSOE) recibieron 43 millones de euros en subvenciones y donaciones anónimas entre 2008 y 2012. Es imposible pormenorizar y desligar conceptos y saber quiénes son los donantes. La falta de claridad es un ejemplo de que los partidos y las propias fundaciones propugnan principios con los que luego no son coherentes.
La introducción de una mayor publicidad en la rendición de cuentas a la que obliga la Ley de Financiación de Partidos de 2012 pierde gran parte de su efectividad porque no se establecen mecanismos para exigir el cumplimiento de la norma. La supresión del límite a las donaciones a fundaciones sería positivo si hubiese transparencia, porque las permitiría financiarse con sus propios fondos y dejar de recibir unas ayudas públicas que se deben rescindir.
