Decíamos hace sólo unos meses en estas mismas páginas que Repsol no sólo no debía aceptar las migajas del Gobierno argentino por la confiscación de YPF, sino que tenía que proseguir la batalla legal en los tribunales. Es lo que ha hecho y, un año y siete meses después del expolio, la petrolera ultima su reclamación al Ciadi -tribunal arbitral del Banco Mundial-en la que pedirá más de 15.000 millones de euros. Esta cantidad, muy lejos de los 5.000 millones ofrecidos por Cristina Fernández de Kirchner, incluiría la prima de control de la compañía por la expropiación del 51 por ciento y el valor del megayacimiento de Vaca Muerta. Un reservorio que exige una multimillonaria inversión para ser operado.
Pese al talante negociador de Repsol, las propuestas de Argentina han sido hasta el momento ridículas y en algún caso incluso amenazantes. Un supuesto arbitraje del oficialista Tribunal de Tasaciones argentino es inaceptable ya que la dejaría en clara desventaja. Repsol hace bien en rechazarlo, no sólo porque los miembros del tribunal puedan valorar la indemnización en 1.500 millones, lo que parece una burla, sino porque hacerlo sería ponerse en manos de un sanedrín que es la voz de Kirchner y arriesgarse a demandas de sus propios accionistas. Se da la circunstancia de que este tribunal depende directamente del Ministerio de Planificación que dirige Julio Vido, artífice del expolio. Con este ADN es dudosa su neutralidad. Brufau hace bien en oponerse a esta tasación de un ente oficialista en el que sus cinco miembros son designados ¡y cesados! por su Ejecutivo. El choque de trenes es claro, pero la petrolera no debe pagar la política desastrosa de un Gobierno que da palos de ciego.