Tanto CCOO como de UGT en Andalucía se esforzaron ayer en distanciarse del escándalo de los ERE que sacude esta autonomía. Sin embargo, los argumentos de los responsables sindicales, negando el cobro de cualquier comisión ilegal en el asunto y apelando a la transparencia en sus actuaciones y en sus cuentas, no son suficientes para disipar la duda. Más peso tiene en relación a este turbio asunto el convencimiento de la jueza Mercedes Alaya, que insiste en acusar a los dos sindicatos, no sólo de haber cobrado aún sin haber realizado trabajo alguno sino también de haber proporcionado información a la mediadora sobre empresas en crisis. Los sindicatos se llevan una comisión por ERE y, en este caso, parece ser que fue una tentación irresistible.
