En abril el recibo de la luz bajará un 6,7%. En apariencia es una buena noticia para los usuarios, que se beneficiarán de la mayor bajada trimestral en años, después de que en el último lustro la luz se haya encarecido un 60%. Esta caída del precio se debe a la abundancia de lluvias y a la buena marcha de las renovables en los tres primeros meses de 2013, que influyen en la subasta que cada tres meses determina el 50% del coste de la energía. La otra mitad corresponde a los costes regulados -también llamados peajes-, que el Gobierno ha decidido congelar en el segundo trimestre.
Esta bajada de la luz va a ser un espejismo que durará poco tiempo, porque el recibo va a seguir subiendo mientras no se solucione el problema del déficit de tarifa que tiene el sistema español: la deuda de 28.000 millones sobre la que advierte continuamente Bruselas y para la que Industria no encuentra solución. La reforma energética aprobada en 2012, con una cascada de impuestos sobre las distintas fuentes energéticas, ha servido para contener el incremento anual del déficit en 4.000 millones. No es suficiente y las subidas impositivas han enfadado a productores, distribuidores y consumidores. Muchas empresas, al igual que los fondos de inversión, amenazan con dirigirse a otros países menos problemáticos. La caída de los precios de la última subasta se debería haber aprovechado no para bajar el precio del recibo, sino para mantenerlo congelado y aliviar al sector, que afronta subidas tributarias y ajustes laborales en un momento de destrucción de empleo. La bajada del recibo va a tener un efecto transitorio; los consumidores finalmente tendrán que asumir el problema del déficit de tarifa.
