El Consejo de Ministros puede aprobar hoy mismo un importante recorte a las energías renovables. El real decreto de Industria -en línea con el informe elaborado por la Comisión Nacional de la Energía para eliminar el déficit de la tarifa energética en marzo de 2012- se plantea congelar la actualización con el IPC de la prima con que se incentiva este tipo de energía. No obstante, se mantendrá la actualización para la parte del coste variable que depende fundamentalmente de la realización de diversos servicios, como operación, mantenimiento o seguros, sometidos a variaciones de precios.
No tiene sentido mantener la indexación al IPC de los costes de inversión, que en el caso de la eólica o la fotovoltaica representan el 85% del total. Dado que los valores de las tarifas y primas se calculan cada año en referencia a los valores del año anterior, la medida tiene un impacto económico acumulativo que se estima en 3.000 millones en un plazo de cinco años. Un nuevo recorte que se suma al ajuste que han sufrido las renovables en los últimos años. Es muy probable que esta medida obtenga el rechazo de las empresas del sector, que está pagando el crecimiento incontrolado y los abusos de los últimos años por el incentivo que suponía la prima. El mejor ejemplo lo constituye la tecnología solar, que ya recibe tanto dinero como toda la red de distribución eléctrica en España. Este desequilibrio se traduce en un coste para los consumidores, que ven como aumenta el recibo de la luz para frenar el crecimiento del déficit de tarifa. Conciliar la reducción del agujero energético, sin que la carga recaiga totalmente sobre los usuarios, precisa la cooperación de las empresas del sector.
