La polémica está servida en plato caliente. La iniciativa del Banco de España de poner fin a la guerra del pasivo ha sido bien recibida por la banca saneada, en la medida que le permitirá mejorar sus márgenes gracias a la menor remuneración de sus depósitos. La decisión trasladada las pasadas Navidades por el gobernador Luis María Linde a las principales entidades es una medida puramente intervencionista, que aunque forme parte de las funciones atribuidas por el Banco Central Europeo resulta reprobable.
La recomendación, por cierto no materializada en ninguna circular, castiga de esta forma a las entidades que han hecho sus deberes, porque verán limitada su estrategia comercial, y favorece a aquellas, las intervenidas por el Estado, que han costado miles de millones a los contribuyentes como consecuencia de la funesta gestión desarrollada por sus directivos.
Conviene precisar, además, que la propuesta del banco emisor es contraria a los intereses de los inversores, ya que a partir de ahora y salvo sorpresas acudirán a un mercado restringido y monocolor, que ofrecerá menos opciones. Se entiende por tanto el malestar demostrado ayer por las principales asociaciones de consumidores, la otra cara de la moneda, que verán mermada sensiblemente la rentabilidad de sus inversiones en fondos.
Recurriendo a un paralelismo simple pero lógico, las asociaciones de consumidores reclamaron ayer la fijación de topes en los intereses de los créditos y en las comisiones bancarias. La defensa de que la decisión del banco emisor agilizará a partir de ahora la concesión de créditos, sobre todo a clientes particulares, está por ver. Porque una cosa es abaratarlo y otra muy distinta concederlo.
Adicae: "La limitación de los depósitos beneficia a los bancos"
