Tal como era de prever, la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno para recaudar 2.500 millones de euros este año no está teniendo los resultados deseados. Es más, si de aquí a noviembre no se incrementa el número de contribuyentes que se acogen a la medida, puede resultar un auténtico fracaso. El Informe mensual de recaudación tributaria de julio muestra que el Ministerio que dirige Montoro ha ingresado por este concepto 50 millones. Apenas un 2% de lo que se pretendía. Se argumenta que los recursos interpuestos por el PSOE contra la medida frenan que muchos contribuyentes se acojan a la amnistía a la espera de lo que digan los tribunales, porque si la justicia se pronuncia en contra quedarían en una posición incómoda al haber confesado sus pecados ante Hacienda. Desde luego que esto influye, pero no se puede obviar que el diseño legal tiene muchos defectos. Desde un plazo excesivo al hecho que la regularización en un impuesto conlleva a hacerlo en el resto de tributos. Lo más importante es que la experiencia demuestra que la amnistía fiscal no es una solución ni eficaz ni, por supuesto, justa para quienes cumplen con sus obligaciones.
En materia tributaria hay cierto paralelismo con lo acaecido en la reforma financiera: se han precisado tres decretos para aprobar el banco malo. Para no subir el IVA, en contra del criterio de Bruselas, Hacienda primero subió el IRPF; después lanzó la amnistía fiscal, y al final no ha tenido más remedio que aumentar la imposición sobre el consumo. Hacienda debe andar con cautela porque ni los gastos ni los ingresos están respondiendo a lo presupuestado y queda poco margen de maniobra antes de que acabe el año.
