Anoche, tras el cierre de Wall Street, saltó la que probablemente es la noticia más revolucionaria de la actual fase de la crisis post-rescate masivo de la banca: Citi dio formalmente su apoyo a un controvertido plan de los demócratas de EEUU que permitirá a los juzgados modificar las hipotecas -e incluso suprimir una parte del importe pendiente- con el fin de evitar más embargos de casas. Hasta ahora, los bancos se habían opuesto frontalmente a la propuesta, que podría incluirse en el plan de estímulo económico de Obama.
El plan contempla que los jueces podrán modificar los términos de las hipotecas, pero con ciertas condiciones: sólo se aplicará a los créditos concedidos antes de la ley, no se limitará a las hipotecas subprime sino que será para todas, los hipotecados tendrán que probar que han hecho un esfuerzo de "buena fe" para negociar con el banco antes de llegar a esta solución (no puede ser la primera opción), y perderán los beneficios si violan las normas que obligan a decir la verdad cuando se pide un préstamo.
El acuerdo con Citi (C.NY) supone un importantísimo espaldarazo para esta propuesta, que ahora tiene muchas probabilidades de salir adelante. Los senadores que anunciaron la noticia aseguraron que esta reforma "ayudará a millones de familias a salvar sus casas". Como no podía ser de otra forma, pidieron a otros bancos que se sumen al acuerdo cuanto antes.
La batalla es apasionante. A corto plazo, la medida no sólo es positiva para los hipotecados, sino también para los bancos porque frenará el aumento de la morosidad y de los créditos fallidos. Pero el precio que debe pagar el sector es altísimo: de facto, renuncia a su libertad e independencia a la hora de evaluar el riesgo de conceder un préstamo y de negociar sus condiciones con el cliente. Es decir, a la hora de gestionar su negocio. Porque en cualquier momento puede llegar un juez y decir que esas condiciones no valen o que hay que reducir el importe pendiente de amortizar.
Después de EEUU, Europa
Lógicamente, los bancos no justifican ese rechazo con estos argumentos, sino diciendo que conceder ese poder a los jueces incrementará los costes de financiación para los futuros compradores de vivienda. Sin embargo, a medida que se han incrementado los embargos y con los demócratas con el pleno control del Congreso y el Senado, los opositores -que también incluyen a la industria inmobiliaria- han moderado sus críticas y acercado posturas con los legisladores. El acuerdo con Citi es la culminación de este proceso, aunque el sector espera conseguir a cambio de su apoyo una moderación de los términos de la medida para suavizar su impacto.
Si finalmente esta legislación es aprobada en EEUU, es cuestión de tiempo que llegue a Europa, donde líderes con marcado perfil populista como Sarkozy y Berlusconi pueden verla como una fabulosa arma propagandística para ganar votos. ¿Y España? Pues seguro que la idea tienta también a Zapatero, pero la pregunta es si será capaz de enfrentarse nuestros poderosos banqueros para sacarla adelante.