A solo 15 días de que el Congreso de los Diputados vote en segunda vuelta la senda de estabilidad presentada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que propone un techo de déficit del 1,8% para 2019, Unidos Podemos ya ha presentado sus exigencias para apoyar el techo de gasto del Ejecutivo, una lista de peticiones que incluye numerosos nuevos impuestos que supondrán unos 9.000 millones más en ingresos para el Estado. Y fuentes de Moncloa se muestran abiertas a negociar.
La formación morada ha concentrado sus peticiones en un documento en el que indica, pormenorizadamente, las medidas que exige a cambio de su apoyo. Entre los nuevos impuestos que plantea hay varios que coinciden con algunos ya propuestos por el Gobierno: la nueva tasa a la banca -por la que se recaudarían unos 2.000 millones, según cálculos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)-, la reforma del impuesto sobre Sociedades estableciendo un suelo no deducible del 15% -que permitiría obtener unos 4.000 millones más, según el Ejecutivo, aunque expertos consultados por el Economista matizan que no serán más de 300 ó 400 millones- y una ruta de fiscalidad verde, que también ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo de Sánchez con la nueva tributación del diésel, por la que se esperan 600 millones.
Podemos plantea además varios impuestos de nueva creación, como un tributo de solidaridad de las grandes fortunas -una medida que según los cálculos de Gestha lograría unos 1.900 millones- y la supresión de las sociedades de inversión de capital variable (sicav), la eliminación de las deducciones fiscales de los planes de pensiones privados en el IRPF -que sumarían una recaudación de unos 505 millones- y el incremento en el tipo marginal del IRFP en los tramos más altos.
Toda esta generación de ingresos tiene por objetivo incrementar los gastos de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), puesto que Podemos plantea varias medidas de calado social, particularmente para pensionistas. Es para este colectivo para el que propone el abono de una paga única para evitar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en el año en curso; hacer que las pensiones mínimas y las no contributivas alcancen el 60% del salario medio y el 60% de la renta mediana, respectivamente; garantizar su revalorización, y derogar el factor de sostenibilidad.
Además, propone la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad e incrementar anualmente el presupuesto del Plan Estata de Vivienda y ampliar el parque público de alquiler a "precios asequibles" a traves de la cesión de uso de grandes tenedores de vivienda, la compra a precios por debajo del mercado y la construcción.
Elevar la recaudación
Fuentes del Gobierno indican que tendrán en consideración las propuestas de Podemos y que negociarán con la formación de Pablo Iglesias las citadas medidas para lograr su apoyo a la senda de estabilidad.
En este sentido, desde Moncloa reconocen que "hay que elevar la recaudación tributaria, pero sin perjudicar a la clase media y trabajadora". De hecho, el Gobierno tiene puesto el objetivo en las grandes empresas. "Hay margen para elevar la aportación tributaria de las grandes corporaciones y de sectores que hoy se escapan al radar de Hacienda. Es necesario plantear una fiscalidad del siglo XXI y se puede elevar la recaudación sin afectar a la clase media, a las pymes o a los autónomos.
El documento de Podemos refleja más coincidencias con el Gobierno socialista además de la intención de subir impuestos y crear nuevos tributos. Este es el caso de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuya derogación completa propone la formación morada.
Aunque sin llegar a este extremo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha puesto en marcha la maquinaria negociadora para modificar dicha ley y suprimir la capacidad de veto que tiene el Senado sobre toda senda presupuestaria que presente el Gobierno. Y dado que a día de hoy el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, este cambio forma parte de las prioridades del Gobierno.
Algo similar ocurre en el caso de la regla de gasto a la que están sujetos los ayuntamientos: Podemos reclama que se relaje su aplicación, cuando tanto el Ministerio de Hacienda como el de Política Territorial y Función Pública anunciaron hace unas semanas la flexibilización de la regla de gasto municipal y ampliar el destino de la reinversión del superávit de los ayuntamientos.
Sin embargo, el documento también presenta el principal escollo para que Gobierno y Podemos lleguen a un acuerdo: renegociar el déficit de 2019. La formación morada insiste en pedir que el límite para el próximo año se sitúe por encima del 1,8% del PIB, una cifra que ya supone un 0,5% más que la senda aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Para Podemos "es falso que el negociación del Gobierno con Bruselas haya conseguido alrededor de 6.300 millones". Plantean que "la agenda de reducción de déficit es igual de drástica que la del PP".
En este sentido, el Gobierno de Sánchez al menos por lo pronto no cede y recuerda que "tan dogmático es pedir que España no se aproveche del margen de déficit como condiciona r el voto a presentar una propuesta que no cumpla con los compromisos europeos".
Entidades
