Barcelona
Tanto el Gobierno del Estado como la Generalitat aprovecharon sus valoraciones de la Comisión Bilateral del miércoles para dejar claros sus mensajes. Mientras el Ejecutivo central habló de gestos y diálogo, pero con la Constitución en la mano, el Govern se mostró decepcionado y reiteró su apuesta por la autodeterminación y la liberación de los presos independentistas.
Bajo el ruido, los primeros acuerdos empezaron a tejerse y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, deslizó que el Gobierno español atendería lo estipulado en la disposición adicional tercera (DA3) del Estatuto, que fija que la inversión del Estado en infraestructuras en Cataluña debería ser durante siete años el equivalente a la aportación de la comunidad al PIB español.
La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre la norma estatutaria admitió la legalidad del precepto, pero siempre que no fuera vinculante para la planificación económica del Ejecutivo central. A pesar de esta interpretación del TC, los sucesivos gobiernos de la Generalitat han reclamado lo que dispone la DA3 como el estándar para juzgar el nivel de inversiones en obras públicas que han recogido año tras año los Presupuestos Generales.
Un aumento de 400 millones
Siguiendo la lógica de la DA3, que el Gobierno del PSOE se comprometió a adoptar tras la Comisión Bilateral, la inversión de la Administración central en infraestructuras en Cataluña debería acercarse al 19,2% del total, que es el peso que la economía catalana representa en el total del PIB español (según el último cálculo de 2017). En los Presupuestos Generales del Estado de 2018, la inversión total prevista para infraestructuras fue de 8.487 millones, de los que 1.245 millones correspondían a Cataluña, el equivalente al 14,7% del total. Si se hubiese aplicado el sistema de cálculo establecido en el Estatuto, esta cifra debería elevarse hasta los 1.629 millones, casi 400 millones más que lo consignado en las cuentas públicas de 2018. Esto equivaldría a un incremento de un 30,8% en relación a lo previsto actualmente.
Obras pendientes
Batet también señaló cuáles podrían ser las obras que deberían recibir de forma prioritaria este incremento de 400 millones en la inversión del Estado. Se trata de tres proyectos ferroviarios que han sido históricamente reclamados tanto por el empresariado como por la Generalitat: el plan de Cercanías de Barcelona, la finalización de la estación intermodal de la Sagrera y el desarrollo del Corredor Mediterráneo.
El plan de Cercanías 2017-2020 -anunciado en marzo de 2017 por el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en plena operación diálogo- debía contar con un presupuesto de 1.800 millones, a los que se añadían 2.000 millones más en el siguiente quinquenio (2021-2025). La Cámara de Comercio de Barcelona ya consideró entonces que tales niveles de inversión serían imposibles de alcanzar.
La estación de la Sagrera -que será la mayor infraestructura ferroviaria de Cataluña- cuenta con un presupuesto de 841 millones y se encuentra en un nivel de ejecución del 30%, según el Ayuntamiento de Barcelona. El Gobierno dijo en julio que inyectará 500 millones para reactivar la obra.
El Corredor Mediterráneo es el proyecto más esperado por el empresariado catalán. La obra tiene un coste total de 23.000 millones y el anterior Gobierno estimó que la ejecución del proyecto en Cataluña ya supera el 90%.
