El debate sobre el futuro de las pensiones ya es latente en todos los rincones de España, mientras que la posible solución al escollo de la progresiva pérdida de poder adquisitivo del colectivo de los jubilados reside en un Pacto de Toledo que, tras últimas manifestaciones por la revalorización del 0,25%, parece haber diluido su propósito inicial y se encuentra estancado entre el electoralismo partidista. Mientras tanto, en el resto de Europa se ha arraigado el recurso al sistema de capitalización mixto, de modo que el empleado está habituado a realizar aportaciones en instrumentos de ahorro a largo plazo para sostener su nivel de vida.
El delicado momento por el que atraviesa la Seguridad Social española es conocido por el Gobierno, y, sin ir más lejos, el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, animó recientemente a los españoles a ahorrar y ser "previsores" para hacer frente a los ciclos económicos adversos. Este mensaje se hace más comprensible si cabe, al conocer el elevado déficit de la Seguridad Social, superior a 18.000 millones, y el tísico estado del Fondo de Reserva, del que restarán poco más de 4.000 millones tras la retirada prevista por el Ejecutivo para 2018.
Una demanda recurrente desde el sector empresarial para reflotar las cuentas del Sistema, como volvió a recordar en estos días el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, es implementar un "sistema complementario de capitalización" que aplaque los efectos del envejecimiento y el incremento de la cuantía de las pensiones.
El modelo europeo
En esta línea se encuentran los sistemas de pensiones en países como Holanda, Suecia o Reino Unido. Todos ellos se sustentan sobre tres pilares: una prestación pública, una prestación ocupacional y otra, residual en la mayoría de los modelos, que consta de una inversión financiera individual de bajo riesgo.
Así, el presidente de Pensions Europe, Janwillem Bouma, explicó durante la jornada sobre Sistema de Pensiones celebrada recientemente por Inverco, que en el caso holandés la prestación ocupacional es la que más peso tiene en la pensión. Aquí, la aportación pública es asistencial, es decir, busca evitar el riesgo de pobreza y se encuentra ligada al salario mínimo interprofesional. La prestación ocupacional se nutre de las retenciones realizadas por las empresas a los trabajadores, entre el 15 y el 20%, de las que dos tercios son aportadas por el empresario, en lo que se conoce como una contrapartida. Además, el Gobierno oferta productos financieros de bajo riesgo que los empleados participantes de este sistema deben contratar.
En el caso de Suecia, el secretario general de Pensions Europe, Matti Lepälä, explicó que la pensión consta de una prestación pública, que no llega al 30% de la tasa de sustitución, y que se dota de un 18,5% de retenciones laborales. De esta cuantía, un 2,5% es destinado por el Gobierno a un fondo de pensiones, con el objetivo de que genere una rentabilidad financiera. En este caso, la prestación ocupacional se calcula con retenciones del 4,5% para las rentas inferiores a 46.875 euros y de hasta el 30% para las que superen este umbral.
En Reino Unido, donde este sistema mixto provoca un ahorro de 20 millones de libras anuales a las arcas públicas, la prestación pública solo alcanza una tasa de remplazo del 29%. Como señala el director de la LPSE, Graham Vidler, en este sistema la clave está en la prestación por el trabajo, ya que incluso la inversión en un vehículo financiero de ahorro es voluntaria en este caso. Así, los británicos se retienen un 5% de su salario (8% a partir de 2019) de manera obligatoria.
Cabe señalar que en los tres sistemas, las cotizaciones se pactan en una negociación con sindicatos y patronal, y tienen una tasa de cobertura del 90%. Además, las pensiones, que en Holanda son de 3.330 euros de media, en Suecia de 1.740 euros y en Reino Unido de 1.406 euros -en España se sitúa en 1.071 euros, con una cotización media de los trabajadores a la Seguridad Social del 36,25%- están garantizadas en el largo plazo.