El pasado miércoles Bruselas confirmó su intención de suspender el juicio sobre la situación presupuestaria de Italia hasta después de las elecciones generales. Según la Comisión Europea (CE), los Presupuestos transalpinos para 2018 suponen "una desviación significativa del objetivo presupuestario de medio plazo" con el peligro de que "Italia no respete la reglas de la reducción de la deuda". En el caso de Roma, añade Bruselas, "la alta deuda pública es una razón de preocupación".
Sin embargo, la carta firmada por el vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis y el comisario de Asuntos Económicos Pierre Moscovici, anuncia que "la Comisión evaluará otra vez el respeto de la reducción de la deuda en la primavera de 2018", es decir después de las elecciones generales.
El ajuste requerido por Bruselas asciende a 3.500 millones de euros. Según la Comisión en las previsiones de reducción del déficit para 2018 falta un esfuerzo del 0,2% del PIB y pide un ajuste del 0,3% (con respeto al 0,6% anteriormente previsto), mientras que Roma, sin embargo, estaría sujeta a una corrección de tan solo el 0,1%.
Para no condicionar la campaña electoral la patata caliente pasará en las manos del próximo primer ministro. Sin embargo el Parlamento italiano podría no ser capaz de conformar un Gobierno tras las elecciones: en este caso será el Ejecutivo en funciones de Paolo Gentiloni quien se encargará del ajuste. De no ser así Italia se podría enfrentar a un procedimiento de infracción por parte de la Comisión. "Cualquiera que lidere el País el próximo año tendrá que entender que asegurar el respeto de las reglas está en el interés de Italia" subrayó en declaraciones ante la prensa italiana el comisario europeo Moscovici.